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AP Madrid, Sec. 23.ª, 782/2016, de 21 de diciembre

SP/SENT/955184

Recurso 84/2013. Ponente: ADORACION MARIA RIERA OCARIZ.

Las escuchas telefónicas que motivan la acusación tienen base en las que fueron declaradas nulas, máxime dos órganos judiciales ordenaban intervenciones telefónicas de manera prospectiva sobre los mismos hechos 
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ANTECEDENTES DE HECHO
El Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones definitivas y calificó los hechos como un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia y pertenencia a organización de los arts.368 y 369-1 2 ª y 6ª del CP vigente en el momento de ocurrir los hechos o, alternativamente, un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia de los arts.368 y 369-5º CP según redacción de la LO 5/2010 más favorable, en concurso real con un delito de pertenencia a grupo criminal del art.570 ter 1 b) CP . Los cuatro acusados responden en concepto de autores, conforme al art.28 CP , de ambos delitos. Concurre la circunstancia atenuante simple de dilaciones indebidas del art.21-6º CP . Procede imponer a los acusados Jesús Carlos y Pedro Enrique la pena de 7 años de prisión, con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo y multa de 1.000.000 euros y por el delito de pertenencia a grupo criminal, la pena de un año y tres meses, con idéntica pena accesoria. A los acusados Anselmo y Blas procede imponer las penas de 6 años y 6 meses de prisión con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo y multa de 1.000.000 euros por el delito contra la salud pública y por el delito de pertenencia a grupo criminal, la pena de 9 meses de prisión con la misma pena accesoria. Comiso de la báscula y demás efectos intervenidos y pago de costas y comiso y destrucción de la droga.
La defensa de Jesús Carlos planteó en su calificación
la nulidad de actuaciones y alternativamente solicitó la absolución de su defendido y, en caso de condena, solicitó la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada y la no imposición de la pena de multa, al no existir una tasación del valor de la sustancia intervenida.La defensa de Pedro Enrique se adhirió a las peticiones de la anterior defensa, solicitando también la nuli

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