Entre las muchas deficiencias que se pusieron de manifiesto en la aplicación de la Ley Concursal, una de ellas era la "cojera" que presentaba la administración concursal única. Siendo la mayoría de los concursos abreviados, el nombramiento de un único administrador tenía, y tiene, la rémora de que el abogado no tiene los profundos conocimientos necesarios para bucear en las cuentas de la sociedad; y el profesional de la rama económica carece no solo de los conocimientos jurídicos, sino de la capacidad de postulación para intervenir en juicio. La reforma intenta solucionar este extremo matando dos pájaros de un tiro: nombramiento con carácter general de un único administrador concursal (ahorrando costes) y que este pueda ser una persona jurídica en la que se integre, al menos, un abogado en ejercicio y un economista, titulado mercantil o auditor de cuentas (art. 27).

Se cuestiona si esta persona jurídica debe adoptar una forma determinada y, en concreto, la de sociedad profesional. Lo cierto es que la Ley Concursal en su articulado para nada menciona la obligatoriedad de tal forma, y únicamente en la Exposición de Motivos se referencia: "(…) el reconocimiento de la persona jurídica como administrador concursal, en tanto que algunas de sus formas, como es la sociedad profesional, favorecen el ejercicio de esta función por una pluralidad de profesionales que cuenten con la necesaria formación y experiencia (…)"; y todas las demás alusiones a las personas jurídicas como