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Artículo Monográfico. Noviembre 2018

SP/DOCT/75807

La segunda oportunidad, problemas y dudas que genera en la práctica judicial

José M.ª Fernández Abella. Juez sustituto adscrito al TSJ de Galicia

I. Introducción
Abordaremos, en el presente estudio, las dudas y/o críticas que ha experimentado el llamado mecanismo de "Segunda Oportunidad" el cual, sin duda alguna, ha supuesto un verdadero hito legislativo que responde a una verdadera necesidad a fin de permitir, mejor dicho, dar la posibilidad a una persona física para que pudiere encarrilar su vida, una vez caída en el foso de un fracaso económico empresarial o familiar, y es que no podemos dejar de lado la idea central de que, si no hay medida para dar salida al endeudamiento privado, no hay posibilidades para dar solución a la crisis general hasta el punto que el endeudamiento privado termina revertiendo en la deuda pública.
Por ello, se impone la necesidad de abordar, en la medida de lo posible, las críticas y contradicciones constatadas en dicha normativa, resultantes de la práctica judicial, y las soluciones que han de darse a las mismas si bien, ya lo adelantamos, plantearemos algunas cuestiones las cuales buscan provocar en el lector la necesidad de ahondar en futuras explicaciones y soluciones interpretativas acordes con la vigente legislación.
II. Análisis V LEX
Como ya apuntábamos, la norma está dirigida a paliar la situación padecida por miles de personas arruinadas y las consecuencias personales y familiares que ello lleva inherente. En efecto, en relación con las personas jurídicas se articula un procedimiento que permitía la liquidación ordenada del activo y su extinción, aun cuando quedaren créditos insatisfechos es más, cuando la sociedad carecía de bienes o de suficientes bienes para hacer frente a sus créditos, acuden al proceso concursal para lograr la extinción de la sociedad toda vez que, en la esfera extraconcursal, se le privaba de esta posibilidad por el Registro Mercantil. Por el contrario, para con las personas físicas, bajo la concepción ordinaria de la Ley Concursal (en adelante LC), la liquidación concursal no conllevaba la extinción de las deudas insatisfechas sino que, en aplicación del principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor –ex art. 1.911 CC–, habría de responder de ellas con todos sus bienes, "de una forma permanente", imposibilitando su liberación, irrogando una economía sumergida a la que se ve abocado para salir de esa caótica situación, cuando no la exclusión social del deudor afectado por el estigma perpetuo de la insolvencia. A tal efecto, hemos de recordar que, antes de la reforma, no se acordaba la declaración de situación concursal, cuando su capacidad económica era límite; cierto es que existía discrepancia doctrinal acerca de la posibilidad de inadmitir, ab initio, la declaración de concur
so en caso de inexistencia de bienes, no obstante los pronunciamientos judiciales mayoritarios mantenían el criterio en los que se estatuía la posibilidad de acordar dicha inadmisión cuando se constatara la inexistencia de bienes o derechos con los que garantir los derechos de los acreedores o, al menos, un mínimo de certidumbre, con los que dar cumplimiento al concurso cuya finalidad no es otra que la de satisfacer a los acreedores. Con ello, se

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