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AP Guipúzcoa, Sec. 2.ª, 2316/2007, de 24 de octubre

SP/SENT/149936

Recurso 2224/2007. Ponente: ANE MAITE LOYOLA IRIONDO.

No se admite la pretensión del asegurado ya que no hizo constar adecuadamente la voluntad de oponerse a la prórroga del seguro 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El día 22 de septiembre de 2006 el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Donostia-San Sebastián dictó sentencia, que contiene el siguiente Fallo:
"Estimar íntegramente la demanda presentada por el procurador D. Eugenio Areitio Zatarain, en nombre y representación de la entidad EUROMUTUA SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, y condenar a D. Enrique a abonarle la cantidad de seiscientos cuarenta y dos euros con veintinueve céntimos de euro (642,29 €), los intereses en los términos del fundamento de derecho tercero de la presente resolución y el pago de las costas".
SEGUNDO.- Notificada a las partes la resolución de referencia, se interpuso por una de ellas recurso de apelación, que fue admitido, y elevados los autos a esta Audiencia, se señaló día para la Votación y Fallo el 23 de octubre de 2007 .
TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han cumplido todas las formalidades prescritas por la ley.
CUARTO.- Ha sido Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª. ANE MAITE LOYOLA IRIONDO.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se aceptan los Fundamentos de Derehco contenidos en la resolución recurrida
PRIMERO -Por la representación de Enrique se ha formulado recurso de apelación contra la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2006 dictada por el Juzgado de Primera instancia nº 2 de esta capital, en solicitud de que se revoque dicha resolución y en su lugar se dicte otra por la cual se destimen en su totalidad los pedimentos consignados en la demanda.
La parte recurrente invoca como motivo de su recurso error en la valoración de la prueba llevada a cabo por la juzgadora de instancia, con especial mención al artículo 22 de la LCS .
A la vista de los términos en que ha quedado configurado el presente recurso, resulta obligado llevar a cabo un nuevo examen de las actuaciones con el objeto de verificar si por parte del juzgador de instancia se ha valorado en su justa media la prueba practicada, no sin antes efectuar una serie de consideraciones que, sin duda, han de contribuir a la resolución del recurso.
Siguiendo dicho criterio debemos precisar que el recurso de apelación otorga competencia al tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen por las partes intervinientes, sean de hecho o de derecho, dado que el mismo asume plena jurisdicción sobre el caso, no sólo por lo que respecta
a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la concrección o determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba practicada, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el juez a quo, pero con la precisión de que el control a llevar a cabo, según ha venido precisando el TS, debe limitarse a comprobar que dicho proceso de valoración se base en medios de prueba correctamente obtenidos y en correct

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