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AP Madrid, Sec. 11.ª, 975/2007, de 20 de noviembre

SP/AUTRJ/154458

Recurso 415/2007. Ponente: SAGRARIO ARROYO GARCIA.

La decisión adoptada en un laudo arbitral está revestida de auctoritas, aún cuando los árbitros carezcan del imperium necesario para llevar a cabo la ejecución forzosa de su laudo 
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ANTECEDENTES DE HECHO
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 46 de Madrid, en fecha 3 de mayo de 2007, se dictó auto , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:" Deniego el despacho de ejecución forzosa de laudo arbitral presentada por 100 POR 100 MOVILES S.L.U. Contra Dª María Antonieta la presente resolución cabe preparar recurso de apelación para ante la Audiencia provincial, en el plazo de cinco días a contar desde su notificación."
SEGUNDO.- Notificado el mencionado auto, contra el mismo se interpuso recurso de apelación por la parte , alegando cuanto estimó pertinente, que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a la parte contraria. Remitidos los autos originales del juicio a este Tribunal, se señaló para llevar a efecto la deliberación, votación y fallo del mismo el pasado día 15 de noviembre de 2007, en que ha tenido lugar lo acordado.
TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales en ambas instancias.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
No se aceptan los de igual naturaleza de la resolución impugnada.
PRIMERO.- En el escrito interponiendo el recurso, la parte apelante alega, básicamente, que al Juez de primera Instancia le corresponde examinar la regularidad formal del título de ejecución, regularidad formal que consiste en que el laudo reúna los requisitos legales, sin que tales facultades abarquen el examen de cuestiones de fondo del título que queda cubierto por la excepción de cosa Juzgada; sin que tampoco pueda realizar un control de los presupuestos del laudo o del procedimiento seguido para su obtención que pudieran fundamentar el recurso de anulación, toda vez que tal control y por la vía del mencionado recurso, correspondería a la Audiencia Provincial. También se aduce por la parte recurrente, que la demandada no tiene la condición de consumidora por lo que es inaplicable la Ley 26/1984 y la Ley 7/1998 y que, en todo caso, existe un pacto libremente consentido entre las partes y negociado individualmente. Por todo ello solicita que se revoque el auto apelado y se dicte otro decretando la admisión a trámite de la demanda ejecutiva y la continuación del procedimiento conforme a los trámites legalmente establecidos. Se citan además numerosas resoluciones de diferentes Secciones de esta Audiencia Provincial, entre ella varias de esta Sección, en las que ya se ha resuelto los temas que ahora se somete a nuestra consideración.
SEGUNDO.- El auto apelado inadmite la demanda d
e ejecución asumiendo la tesis mantenida por la Sección 14 de la Audiencia Provincial de Madrid en los autos de 31 de marzo y 29 de julio de 2005 , en los que se razona que la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad carece de la imparcialidad que debe presumirse de la institución arbitral y se mantiene la nulidad de la sumisión al arbitraje.Esta cuestión ya la ha sido tratada en

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