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AP Madrid, Sec. 9.ª, 88/2008, de 4 de abril

SP/AUTRJ/164084

Recurso 153/2008. Ponente: JOSE ANTONIO NODAL DE LA TORRE.

La denegación de ejecución del laudo arbitral contrario al orden público exige el ejercicio previo de la acción de nulidad 
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ANTECEDENTES DE HECHO
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida, y,
Primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº. 46 de Madrid, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil siete, se dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Deniego el despacho de ejecución forzosa de laudo arbitral presentada por Dª. Rocío representado por el Procurador D. Francisco ABAJO ABRIL contra D. José Enrique RODRIGUEZ RAMOS.-".
Segundo.- Notificado el mencionado auto, contra el mismo, y previos los trámites oportunos, se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, remitiéndose posteriormente las actuaciones a esta Sección, previo emplazamiento de la misma, ante la que ha comparecido en tiempo y forma bajo la expresada representación.
Tercero.- No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta instancia ni estimándose necesaria la celebración de Vista Pública, quedaron los autos para dictar la resolución correspondiente y dado el carácter preferente que la actual Ley de Enjuiciamiento Civil atribuye al presente recurso en su artículo 455.3 se señaló para Deliberación y Votación, la Audiencia del día tres de abril del año en curso.
Cuarto.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Deniega el auto apelado el despacho de ejecución del laudo arbitral instado por la ejecutante y ahora apelante, por entender nulo el mismo al ser contrario al orden público por versar sobre materia no susceptible de disposición al contrariar aquél, argumentos que la Sala no puede compartir sin más que considerar: Por un lado, que, una vez dictado el laudo arbitral, su anulación o declaración de nulidad solo puede conseguirse mediante el ejercicio de la correspondiente acción regulada en los artículos 40 y siguientes de la Ley de Arbitraje , y ello aunque el motivo o causa de nulidad radique en la contravención por el laudo del orden público, pues aunque sea tal motivo apreciable de oficio, su apreciación corresponde precisamente al tribunal que conozca de la acción de anulación conforme al apartado 2 del artículo 41 , lo que supone que la acción ha sido ejercitada; y, por otro, al hilo de la anterior, que si la repetida acción no ha sido deducida en tiempo y forma y, consecuentemente, el laudo ha adquirido firmeza, tiene la eficacia que como título de ejecución le reconocen los artículos 43 y 44 de la Ley Especial y el 517.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que pueda entenderse que el artículo 551 de esta última autorice al Juez ante el que se insta la ejecución para revisar el contenido del laudo arbitral a fin de declarar su posible nulidad en dicho trámite, privándolo de su mentada eficacia de ejecución, como tampoco lo permite en relación con las sentencias firme
s, tal como recogen recientemente los autos de esta Sala de 6 de septiembre de 2007 y 15 de febrero de 2008 . Si a lo dicho añadimos que no obstante las peculiaridades que la resolución combatida se cuida de resaltar, en el supuesto que nos ocupa la sentencia arbitral no hace sino condenar al demandado al abono de las cantidades adeudadas por impago de las rentas y gastos asumidos al contratar, sin ordenar desalojo alguno, se está en el caso de d

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