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AP Madrid, Sec. 20.ª, 157/2010, de 18 de mayo

SP/AUTRJ/533011

Recurso 795/2009. Ponente: JUAN VICENTE GUTIERREZ SANCHEZ.

A los arrendamientos se puede aplicar el arbitraje siendo la única cuestión a dilucidar el cumplimiento de los requisitos para despachar la ejecución, concurriendo en este caso 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El presente rollo se formó en virtud de recurso de apelación formulado por la representación procesal de Dª Lucía , por inadmisión de la demanda presentada por la misma. Señalado para deliberación y votación, se llevó a cabo por los Magistrados de esta Sección.
SEGUNDO.- En la tramitación del presente recurso han sido observadas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
No se aceptan los de la resolución recurrida en los términos de la presente.
PRIMERO.- Mediante demanda de ejecución ordinaria se solicitó la ejecución forzosa del laudo arbitral dictado en fecha dos de julio de 2009, por el que se acordaba la entrega de la posesión del inmueble objeto de un contrato de arrendamiento suscrito entre la demandante y los demandados a la primera y se despache ejecución por importe de 4.473,94 euros de principal y 1.300,00 euros para rentas y gastos que se vayan venciendo, más intereses y costas del procedimiento.
Mediante Auto de fecha catorce de octubre de 2009, el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de los de Madrid , acordó no haber lugar a despachar la ejecución interesada, en aplicación de la doctrina acogida por diferentes Secciones de esta Audiencia Provincial, en las que básicamente se sostiene que la materia arrendaticia comporta derechos de carácter sustantivo y procesal, por lo que la resolución del contrato de arrendamiento por falta de pago no es susceptible de sumisión a arbitraje privado.
Frente a dicha resolución interpuso recurso de apelación la parte actora, alegando al respecto, que doctrinal y jurisprudencialmente se ha admitido reiteradamente que los litigios en materia arrendaticia pueden someterse a Arbitraje Privado, en base a la precisión establecida con carácter general, en los artículos 19 de la LEC y 2 de la ley 60/2003 de Arbitraje , invocando determinada j
urisprudencia en apoyo de su tesis, en aplicación de la cual entiende que el sometimiento a arbitraje de la controversia existente entre las partes no sólo es posible, sino preceptiva, a la vista del convenio arbitral acordado por las partes. Por otro lado, sostiene que el convenio arbitral, sometía las discrepancias a un arbitraje de derecho y el mismo ha sido dictado aplicando los preceptos del código civil y ley de arrendamientos urbanos, por

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