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AP Madrid, Sec. 20.ª, 247/2010, de 10 de septiembre

SP/AUTRJ/647827

Recurso 313/2010. Ponente: RAMON FERNANDO RODRIGUEZ JACKSON.

El Juzgado tiene facultad de denegar la ejecución del laudo, por no ser conforme a la naturaleza y contenido del título, cuando verse sobre materias no suseptibles de arbitraje o se solicite la ejecución de materias no decididas en el laudo 
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Arbitraje en materia de arrendamientos urbanos de viviendas objeto de debate no sólo doctrinal sino también jurisprudencial 
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La nueva Ley de Arrendamientos Urbanos en sus art. 4 y 6 proclama el carácter imperativo para todos los contratos sometidos a la misma, por lo tanto el arbitraje de equidad no es admisible en este caso 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El presente rollo se formó en virtud de recurso de apelación formulado por la representación procesal de D. Eleuterio , por inadmisión de la demanda presentada por la misma. Señalado para deliberación y votación, se llevó a cabo por los Magistrados de esta Sección.
SEGUNDO.- En la tramitación del presente recurso han sido observadas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Por DON Eleuterio se interpuso demanda ejecutiva sobre ejecución forzosa del Laudo Arbitral de fecha 28 de octubre de 2009 dictado en Madrid en equidad por el árbitro Don Jaime Zotes González, designado por la "Corte de Arbitraje de Derecho y Equidad" .
Mediante Auto de fecha 2 de marzo de 2010 por el Juzgado de instancia se acordó la inadmisión de la demanda, con denegación del despacho de ejecución por entender no resultar admisible en materia de arrendamientos urbanos el arbitraje de equidad.
SEGUNDO: Frente a dicha resolución se alza la representación procesal de la mercantil demandante cuyo recurso no puede ser acogido, por las razones que, a continuación se exponen:
TERCERO: Como ha señalado este Tribunal en numerosas resoluciones (por todas, Auto de 4 de junio de 2007, Rollo 225 /2006 , Ponente Sr. Gutiérrez Sánchez) la cuestión que corresponde analizar en este recurso de apelación guarda relación directa con las facultades de control que corresponden a un Juzgado a la hora de ejecutar un laudo arbitral; por tanto, corresponde determinar si, a pesar de que ninguna de las partes del procedimiento arbitral haya solicitado la anulación del laudo, puede denegarse la ejecución del mismo en función de las circunstancias concurrentes o no.
Tras realizar una primera aproximación a la materia, revisando las disposiciones especificas que contiene
la Ley de Arbitraje de 23 de diciembre de 2003 y la Ley de Enjuiciamiento civil, entendemos que los tribunales, a pesar de no haber sido impugnado el laudo, no deben mostrar una actitud pasiva sino que existen cuestiones que no se pueden sustraer a su control pues, en otro caso, no se explicaría que la ley ordene que se deba acompañar a la demanda de ejecución el contrato arbitral (artículo 550 Ley de Enjuiciamiento civil), ni que el artículo 55

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