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AP Madrid, Sec. 20.ª, 22/2012, de 26 de enero

SP/AUTRJ/667342

Recurso 684/2011. Ponente: RAMON FERNANDO RODRIGUEZ JACKSON.

El acuerdo comunitario alcanzado por algunos de los comuneros no puede sustituir la autonomía de la voluntad de los comuneros ausentes o disidentes, ni imponerles el acudir necesariamente a la vía arbitral para resolver sus controversias 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El presente rollo se formó en virtud de recurso de apelación formulado por la representación procesal de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA DIRECCION000 , Nº NUM000 , por inadmisión de la demanda presentada por la misma. Señalado para deliberación y votación, se llevó a cabo por los Magistrados de esta Sección.
SEGUNDO.- En la tramitación del presente recurso han sido observadas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO : Por la representación procesal de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000 NUM000 DE MOLINA DE SEGURA (MURCIA) se interpuso demanda ejecutiva sobre ejecución forzosa del Laudo Arbitral de fecha 30 de septiembre de 2010, dictado en Madrid por el árbitro Don Constancio , letrado de ICAM designado por la Asociación "Corte Española de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad".
Mediante Auto de fecha 6 de junio de 2011 por el Juzgado de instancia se acordó la inadmisión de la demanda, con denegación del despacho de ejecución por entender que no se ha aportado con la demanda ejecutiva el convenio arbitral.
SEGUNDO : Frente a dicha resolución se alza la representación procesal de la mercantil demandante cuyo recurso no puede ser acogido, por las razones que, a continuación se exponen:
TERCERO : Como ha señalado este Tribunal en numerosas resoluciones (por todas, Auto de 4 de junio de 2007, Rollo 225 /2006 , Ponente Sr. JUAN VICENTE GUTIÉRREZ SÁNCHEZ) la cuestión que corresponde analizar en este recurso de apelación guarda relación directa con las facultades de control que corresponden a un Juzgado a la hora de ejecutar un laudo arbitral; por tanto, corresponde determinar si, a pesar de que ninguna de las partes del procedimiento arbitral haya solicitado la anulación del laudo, puede denegarse la ejecución del mismo en función de las circunstancias concurrentes o no.
Tras
realizar una primera aproximación a la materia, revisando las disposiciones especificas que contiene la Ley de Arbitraje de 23 de diciembre de 2003 y la Ley de Enjuiciamiento civil, entendemos que los tribunales, a pesar de no haber sido impugnado el laudo, no deben mostrar una actitud pasiva sino que existen cuestiones que no se pueden sustraer a su control pues, en otro caso, no se explicaría que la ley ordene que se deba acompañar a la demanda

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