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AP Madrid, Sec. 20.ª, 244/2012, de 25 de octubre

SP/AUTRJ/697794

Recurso 494/2012. Ponente: RAMON FERNANDO RODRIGUEZ JACKSON.

No puede darse fuerza ejecutiva a una decisión arbitral sin un convenio previo, pues no merece la calificación de laudo aquél que no se sustenta en una previa manifestación de la voluntad de las partes de someter a arbitraje las controversias 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El presente rollo se formó en virtud de recurso de apelación formulado por la representación procesal de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000 , por inadmisión de la demanda de ejecución presentada por la misma. Señalado para deliberación y votación, se llevó a cabo por los Magistrados de esta Sección.
SEGUNDO.- En la tramitación del presente recurso han sido observadas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO : Por la representación procesal de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000 (SANTA CRUZ DE TENERIFE) se interpuso demanda ejecutiva sobre ejecución forzosa del Laudo Arbitral de fecha 18 de noviembre de 2010 dictado en Madrid por Doña Jaime Zotes González, letrado del ICAM designado por la Asociación Corte Europea de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad.
Mediante Auto de fecha 20 de marzo de 2012 por el Juzgado de instancia se acordó la inadmisión de la demanda, con denegación del despacho de ejecución por entender que no se ha aportado con la demanda ejecutiva convenio arbitral.
SEGUNDO : Frente a dicha resolución se alza la representación procesal de la comunidad de propietarios demandante cuyo recurso no puede ser acogido, por las razones que, a continuación se exponen.
TERCERO : Como ha señalado este Tribunal en numerosas resoluciones, la cuestión que corresponde analizar en este recurso de apelación guarda relación directa con las facultades de control que corresponden a los tribunales de instancia a la hora de ejecutar un laudo arbitral; por tanto, corresponde determinar si, a pesar de que ninguna de las partes del procedimiento arbitral haya solicitado la anulación del laudo, puede denegarse la ejecución del mismo en función de las circunstancias concurrentes o no.
Revisando las disposiciones especificas que co
ntiene la Ley de Arbitraje de 23 de diciembre de 2003 y la Ley de Enjuiciamiento civil, entendemos que los tribunales de ejecución, a pesar de no haber sido impugnado el laudo, no deben mostrar una actitud pasiva sino que existen cuestiones que no se pueden sustraer a su control, pues en otro caso no se explicaría que la ley ordene que se deba acompañar a la demanda de ejecución el contrato arbitral ( artículo 550 Ley de Enjuiciamiento civil ), n

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