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AP Guadalajara, Sec. 1.ª, 16/2005, de 2 de marzo

SP/AUTRJ/70862

Recurso 15/2005. Ponente: ISABEL SERRANO FRIAS.

La cláusula de sumisión al arbitraje recogida en los estatutos no deja lugar a dudas del sometimiento de las partes a la misma, manteniéndose la declinatoria de jurisdicción que pretende invalidarse 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el Juzgado de Primera Instancia num. 2 de esta ciudad, en el procedimiento de Jurisdicción Voluntaria nº 94//04, en fecha 27 de septiembre de 2004 se dictó Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Se acuerda estimar la declinatoria de Jurisdicción alegada por la representación de D. Rodrigo en su escrito de fecha 12-5-2004, por entender que las partes acordaron someterse a las normas de arbitraje de Derecho regulado por la Ley de 5 de diciembre de 1988 conforme a la cláusula compromisoria vigesimosexta de sus Estatutos".
SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes personadas, por la representación de D. Pedro Jesús se presentó recurso de apelación contra la misma. Admitido que fue, puesta de manifiesto la causa a las demás partes, se remitieron las actuaciones a este Tribunal para la resolución del recurso, señalándose para deliberación y fallo el pasado día 1 de marzo.
TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales con inclusión del plazo para dictar resolución.
Siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dña. ISABEL SERRANO FRÍAS.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO.- El recurso que nos ocupa se interpone frente al auto dictado por el Juzgado de primera instancia que acoge la declinatoria de jurisdicción alegada por la parte hoy apelada, entendiendo que las partes acordaron someterse a las normas de arbitraje de derecho regulado por la Ley de 5 de diciembre de 1988 conforme a la cláusula compromisoria vigesimosexta de sus Estatutos, decisión que se cuestiona en primer lugar reiterando los argumentos de índole procesal, al considerar vulnerado el art.136 de la L.E.C. en relación con el art. 1813 de la anterior Ley procesal civil, y por tanto el principio de preclusión, denunciando además en este punto la incongruencia en que incurre a su parecer la Juzgadora cuando cita el art. 64 de la Ley procesal, cuestión que habrá de ser objeto de análisis en primer lugar. El citado art. 136 señala que transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate .Para comenzar hay que distinguir entre plazos procesales y civiles y así la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 8375) ordena que los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil, mandato que ha de ser puesto en relación con un importante número de Sentencias, a tenor de las cuales la dificultad de distinguir entre plazos sustantivos y procesales ha de resolverse partiendo de la idea de que sólo poseen carácter procesal los que tie
nen su origen o punto de partida en una actuación de igual clase, es decir, los que comienzan a partir de una citación, notificación, emplazamiento o requerimiento (Sentencias de 25 de junio de 1968 [RJ 1968\3829] y de 1 de febrero de 1982 [RJ 1982\371] además de las que en esta última se mencionan .Sentado que nos encontramos ante un plazo procesal el art. 133 de la L.E.C. en relación con el 185 de la LOPJ y el art. 5 del Código Civil nos indica

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