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Artículo Monográfico. Marzo 2010

SP/DOCT/13588

Comentario Artículo 545. Tribunal competente. Forma de las resoluciones en la ejecución forzosa. LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Juan Miguel Carreras Maraña. Presidente Audiencia Provincial Burgos

Concordancias
· LEC. Arts. 19; 45; 50; 51; 206; 223; 561; 599; 603; 617 y 620.
· LO 19/2003, de 3 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Arts. 58; 238; 240 y 456.
· Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Art. 44.
· Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado.
· Ley 19/2006, de 26 de mayo, sobre Normas procesales para facilitar la aplicación de diferentes Reglamentos comunitarios Disposiciones Finales Vigésimo primera y Vigésimo segunda.
· Acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2004.
Comentario
I. Competencia funcional y territorial
1.1. Competencia en la ejecución de resoluciones judiciales (sentencias, transacciones y acuerdos judicialmente homologados o aprobados)
La regla de la competencia, tanto funcional como territorial, es muy simple, pues conocerá de la ejecución el Tribunal que tramitó el asunto en la primera instancia o que aprobó la resolución u homologó el acuerdo (SAP de Las Palmas, Sección 4.ª, de 18 de abril de 2005). Es claro que, aunque en este caso, como en otros muchos, la LEC habla de Tribunal, sólo puede estarse refiriendo al Juzgado de Primera Instancia (art. 45 LEC) o, en su caso, al Juzgado de Paz, en su ámbito específico (art. 47 LEC). Al respecto se plantean dos dudas concretas:
a) En primer lugar, sí será preciso previo reparto de la demanda de ejecución, en el supuesto de que existan varios juzgados de primera instancia en la misma localidad. La respuesta a esta cuestión tiene que ser necesariamente negativa, pues además de no tener la consideración de verdadera demanda, ya que puede ser una "solicitud", expresamente el art. 545.1 LEC excluye este requisito, al atribuir la competencia al Tribunal que ya conoció del proceso declarativo, del cual la ejecución es mera continuación. Por ello, la demanda de ejecución de sentencia, aunque se presente en el Decanato se remitirá directamente al Tribunal que conoció del proceso principal en la forma que indiquen las correspondientes normas de reparto, aprobadas por la Sala de Gobierno del TSJ, a propuesta de la Junta de jueces (art. 167 LOPJ y Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los órganos de Gobierno de los tribunales) y aplicadas conforme al art
. 68 LEC bajo la supervisión del Juez decano.b) En segundo lugar, si dada la dicción literal podría pensarse que la Audiencia Provincial e incluso el Tribunal Supremo sería el órgano competente para conocer de la ejecución de las transacciones o acuerdos que hubiere homologado, a los efectos del art. 19 LEC. No obstante, la aparente literalidad del precepto, teniendo en cuenta la genérica atribución de la ejecución

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