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Artículo Monográfico. Marzo 2010

SP/DOCT/13765

Comentario Artículo 722. Medidas cautelares en procedimiento arbitral y litigios extranjeros. LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Guillermo Sacristán Represa. Magistrado Sección 1.ª Audiencia Provincial Oviedo (Reforma Procesal: Juan Miguel. Carreras Maraña. Presidente Audiencia Provincial Burgos)

Concordancias
· LEC. Arts. 721; 726; 728.3 y 724.
· Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje. Art. 50.
· Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Arts. 8; 11.3 y 23.
· Convenio de Bruselas, de 26 de mayo de 1989. Art. 24.
· Convenio de Lugano, de 16 de septiembre de 1988. Art. 24.
Comentario
El precepto hace referencia a dos supuestos distintos: la sumisión del asunto a un procedimiento arbitral o la existencia de un litigio en país extranjero, pudiéndose en ambos casos solicitar la adopción de medidas "al tribunal", se señala.
1. El panorama en relación con el procedimiento arbitral al aprobarse la LEC de 2000 estaba regulado por la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de acuerdo con la cual la función de los árbitros era dictar el correspondiente laudo, pero no adoptar medidas cautelares para las que el único competente era el Juez de primera instancia, de acuerdo con el art. 50 de aquel texto. A tenor de esta regulación, en el art. 722 se establecía la competencia exclusiva de los órganos judiciales para la adopción de estas medidas de garantía.
Mediante la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, se regula de nuevo el arbitraje, derogando la de 1988, y entre las innovaciones introducidas, una de las consideradas esenciales hace referencia a la competencia de los árbitros para adoptar las correspondientes medidas cautelares. En el último párrafo del apdo. V de su exposición de motivos puede leerse: "El art. 23 incorpora una de las principales novedades de la ley: la potestad de los árbitros para adoptar medidas cautelares. Dicha potestad puede ser excluida por las partes, directamente o por remisión a un reglamento arbitral; pero en otro caso se considera que la aceptan. La ley ha considerado preferible no entrar a determinar el ámbito d
e esta potestad cautelar. Obviamente, los árbitros carecen de potestad ejecutiva, por lo que para la ejecución de las medidas cautelares será necesario recurrir a la autoridad judicial, en los mismos términos que si de un laudo sobre el fondo se tratara. Sin embargo, si dentro de la actividad cautelar cabe distinguir entre una vertiente declarativa y otra ejecutiva, esta ley les reconoce a los árbitros la primera, salvo acuerdo en contrario de la

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