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Jurisprudencia Comentada. Julio 2011

SP/DOCT/15668

Denegación de despacho de ejecución en arbitrajes de equidad en materia arrendaticia AP Madrid, Sec 9.ª, 16-05-2011 SP/AUTRJ/637711

Miguel Guerra Pérez. Director Técnico de sepín Proceso Civil

Comentario
Vaya por delante que no me considero entre los defensores a ultranza de la institución arbitral como mecanismo de resolución de conflictos entre particulares, sobre todo desde el punto de vista práctico cuando finalmente hay que acudir a los órganos judiciales para ejecutar los laudos, una vez finalizado el arbitraje, o para instar medidas cautelares pendiente el mismo. Igualmente son muchos los problemas de tramitación que suscita el procedimiento arbitral y a los que no da respuesta clara la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, por ejemplo, en materia de notificaciones. Finalmente, es frecuente que a la hora de ejecutar los laudos nuestros órganos judiciales de oficio revisen la validez o no del arbitraje y las posibles irregularidades cometidas durante su desarrollo y denieguen el despacho de ejecución, con lo cual el arbitraje no servirá para nada.
Lo cierto es que como medio para solventar el atasco de nuestros Tribunales y dentro de los objetivos del Ministerio de Justicia se persigue un reforzamiento de la institución arbitral como mecanismo de solución de conflictos y parece un contrasentido que si se persigue tal finalidad por otro lado se esté cuestionando la validez de la institución en múltiples materias entre las que se encuentra la arrendaticia.
Hechas estas observaciones iniciales, sirvan estas líneas para defender la validez de la institución arbitral en materia arrendaticia, aunque per
sonalmente no sea partidario de incluir este tipo de cláusulas en los contratos de arrendamiento. Pero hay una realidad a la que debe darse respuesta y es que son cientos, por no decir miles, los contratos de arrendamientos que contienen cláusulas de sumisión a arbitraje en equidad.Por otro lado, no debe olvidarse que concretamente en Madrid tras el Acuerdo de 25 de noviembre de 2010, del Pleno del Consejo General

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