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Artículo Monográfico. Marzo 2009

SP/DOCT/4003

El arbitraje en la propiedad horizontal

Xavier O’Callaghan Muñoz Magistrado del Tribunal Supremo. Catedrático de Derecho civil

Punto de partida y punto de llegada
Se ha dicho –y con razón (por Silvia Gaspar Lera, El ámbito de aplicación del arbitraje, pág. 161)– que la propiedad horizontal tan frecuentemente plantea conflictos de convivencia y, por ende, jurídicos, que ha dado lugar a calificarla como mater discordiarum. Y si ello produce frecuentes litigios, es claro que también puede provocar numerosos arbitrajes.
El punto de partida es, pues, la existencia de controversias que, en vez de ser llevadas a los órganos jurisdiccionales, se acuerda que las que han surgido o puedan surgir sean resueltas por árbitro o árbitros a cuya decisión se someten; se trata de una controversia jurídica que surja o pueda surgir respecto de la relación jurídica de la propiedad horizontal, como dice el art. 9.1, que está bajo la libre disposición de los comuneros, como exige el art. 2.1, ambos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. El poder de la disposición, como facultad vinculada a la titularidad de la relación jurídica, se halla inmersa en la titularidad de los comuneros en la propiedad horizontal; el titular tiene poder de disposición sobre sus derechos derivados de la propiedad horizontal y no le está excluida ex voluntate ni ex lege. Es el principio de presunción de arbitrabilidad, que se formula como la máxima amplitud o liberalidad en cuanto a la disponibilidad objetiva de las materias susceptibles del arbitraje (Merino y Chillón, Tratado de Derecho arbitral, 3.ª ed.,
pág. 274). Es el primer punto de partida, la arbitrabilidad, en principio, de las controversias derivadas de la propiedad horizontal. El segundo punto de partida es el principio de la equivalencia jurisdiccional del arbitraje. En la propiedad horizontal se acude al arbitraje, sin que ello signifique que se prive al comunero de su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24

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