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AP La Rioja, Sec. 1.ª, 47/2002, de 4 de febrero

SP/SENT/347077

Recurso 245/2001. Ponente: JOSE FELIX MOTA BELLO.

Los motivos alegados por la recurrente como causa de nulidad del laudo arbitral no prosperan por ser cuestiones que se encuentran dentro del ámbito del arbitraje de equidad 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha de 19 de junio de 2001, por doña J. M. R. se presentó escrito interponiendo recurso de anulación ante esta Audiencia Provincial, en el que previa alegación de hechos, se invocaba como causas de nulidad del laudo arbitral, las causas primera, segunda y cuarta del artículo 45 de la Ley de Arbitraje, sobre nulidad del convenio arbitral, defectos de forma en el desarrollo de la actuación arbitral y resolución de cuestiones no sometidas a su decisión o que no puedan someterse y ser objeto de arbitraje.
Admitida a trámite la pretensión se dio traslado a la parte contraria, que impugnó el recurso de anulación, llevándose a la práctica, una vez recibida a prueba la causa, las declaradas pertinentes a las partes.
Oídas las alegaciones de las partes en vista pública, quedó el recurso visto para sentencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Como cuestión previa, debe ponerse de manifiesto que sometida la cuestión litigiosa a su resolución por arbitraje, no pueden los tribunales pronunciarse sobre el fondo de la pendencia, debiendo entenderse el presente recurso jurisdiccional, según lo define la propia Ley de Arbitraje, como un recurso de anulación, acotado por una serie de motivos legales de nulidad, en concreto los enunciados en el artículo 45 de la citada norma.
En este procedimiento tres son las causas que invoca el recurrente para amparar la petición de nulidad: primera, la nulidad del convenio arbitral (artículo 45.1); segunda, defectos de forma en la actuación arbitral (artículo 45.2); resolución de cuestiones no sometidas a decisión de los árbitros o que no pueden ser objeto de arbitraje(artículo 45.4).
SEGUNDO.- La primera de las alegaciones, la eventual nulidad del convenio arbitral, así expuesta en el escrito de impugnación, pero defendida como una eventual inexistencia de convenio arbitral, constituye un argumento que causa manifiesta perplejidad cuando en vía jurisdiccional la parte que ahora defiende la existencia de la sumisión a arbitraje, invocó las estipulaciones de la escritura pública de 28 de marzo de 1989, por la que "todas las cuestiones que surjan entre los propietarios, o entre ellos y la comunidad, se someten al arbitraje de equidad de la vigente Ley". Además, a petición de la parte, como acto propio, el juzgado de primera
instancia declaró ya la sumisión de la cuestión litigiosa a decisión arbitral, lo que hace infundada la pretensión de la parte impugnante, aun cuando no existiera un compromiso formal de arbitraje. En relación con esta cuestión, es cierto que se ha contemplado la decisión arbitral como una prolongación del proceso judicial, conceptuación que no le corresponde, al margen de la existencia de esta figura como una alternativa no jurisdiccional a la

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