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AP Madrid, Sec. 18.ª, 165/2005, de 3 de marzo

SP/SENT/358144

Recurso 6/2003. Ponente: PEDRO POZUELO PEREZ.

Se anulara un laudo por infracción del orden público cuando se vulneres los derechos fundamentale y garantías públicas garantizadas 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 14 de Noviembre de 2003, se dicto Laudo Arbitral por el arbitro D. Juan Encinas Gonzalez, notificado a las partes y que fue protocolizado el 27 de Noviembre de 2003, ante el Notario de los de Madrid D. Martin Maria Recarte Casanova, con el nº de su Protocolo 3967.
SEGUNDO.- Por el Sr. Olivares de Santiago, en nombre y representación que ostenta, se formulo en fecha 17 de Diciembre de 2003, Recurso de Anulación contra dicho Laudo, dando lugar al presente Rollo de Sala, dandose traslado del mismo a la contraparte, quien procedió a impugnar dicho Recurso, todo por virtud del articulo 48.1 de la Ley 36/1988, de Arbitraje.
TERCERO.- Seguido el recurso por sus tramites se acordó el recibimiento a prueba, verificado lo cual, quedaron las actuaciones en turno de señalamiento para deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 24 de Febrero de 2005.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Que frente al laudo dictado con fecha 14 de Noviembre de 2003 se interpone el presente recurso de nulidad de laudo en donde se pide su anulacion por causa de orden publico, en concreto por incongruencia de laudo
Planteada así la cuestión en esta Sala y dados los términos del recurso ha de comenzarse por recordar la doctrina general sobre el procedimiento arbitral y la posible alegación de infracción del orden público como causa de anulación, reiterándose el contenido de las sentencias de esta misma Audiencia, por todas la de 23 de septiembre de 2000 (sección 10ª) y las que en ella se citan en cuya virtud "...tal y como recogen las Sentencias de esta Audiencia de 5 de junio de 1997 (Sección 19) y de 16 de enero de 1998 (Sección 14) "Es preciso, con carácter previo, poner de manifiesto ciertas consideraciones que rigen, según reiterada y constante jurisprudencia, el denominado recurso de anulación que recoge la expresada Ley de Arbitraje, y en segundo lugar, tener en cuenta la naturaleza de ese mismo recurso, igualmente destacada por reiterada doctrina legal. Respecto de la primera cuestión debe tenerse en cuenta que efectivamente rigen en el procedimiento arbitral los mismos fundamentos que en los procedimientos comunes de la L.E.C. en orden a la salvaguarda de los principios de contradicción procesal y defensa, sin que se pueda pretender que por el carácter especial del primero y su teórica simplificación
de tramites dejen de observarse tales principios en garantía precisamente de derechos constitucionales, y es precisamente a este ámbito al que cabe reconducir la posible violación de normas de orden publico procesal, pero sin que en modo alguno se pueda mediante esa vía indirecta cuestionar el fondo del asunto debatido y resuelto en el procedimiento arbitral. Y en segundo lugar, y en cierto modo relacionado con lo que se acaba de exponer, el pro

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