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AP Ciudad Real, Sec. 2.ª, 122/2004, de 31 de marzo

SP/SENT/362027

Recurso 134/2003. Ponente: MARIA SOLEDAD SERRANO NAVARRO.

El laudo será anulado cuando fuese contrario al orden público vulnerando los principios fundamentales de una de las partes 
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ANTECEDENTES DE HECHO
:
PRIMERO: Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.
SEGUNDO: Seguido el juicio por sus trámites legales ante la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha --Colegio Arbitral de MANZANARES--, por dicho organismo se dictó laudo con fecha 21 de Marzo de 2.003, por el que se estimaba parcialmente la demanda presentada por D. rnesto debiendo abonar Talleres Desgran, S.L., la cantidad de 2.758,82 ?n el plazo de quince días desde la recepción de la notificación del presente laudo. Notificada dicha resolución a las partes, por Juan Carlos se interpuso recurso de anulación contra dicho Laudo y cumplidos los trámites correspondientes fueron remitidos a este Tribunal donde ha comparecido la parte apelante, sustanciándose el recurso en la forma legalmente establecida, señalándose para el acto de la votación y fallo el DIA VEINTICUATRO DE MARZO DE 2.004.
TERCERO: En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
:
PRIMERO: La representación legal de D. uan Carlos DIRECCION000de la entidad Talleres Desgran S.L. articula el presente recurso de anulación del laudo arbitral por entender que se ha infringido lo dispuesto en el artículo 45.5 de la Ley de Arbitraje de 5 de diciembre de 1998 en relación con el artículo 10 del Real Decreto 636/1993 y en segundo lugar por infracción del apartado 2 del citado artículo 45.
SEGUNDO: Para resolver el presente recurso de anulación, debe señalarse que la finalidad del mismo es garantizar que el nacimiento, desarrollo y conclusión del procedimiento arbitral, a los efectos de que se ajuste a lo establecido en la Ley, de manera que la cesión a un particular que actúa de árbitro con la función de resolver un conflicto y el ejercicio de tal función debe desarrollarse dentro de los presupuestos legalmente establecidos, con sujeción a los principios jurídicos existentes en el orden procesal y con respeto al principio de Tutela judicial efectiva. Así mismo, la Ley de Arbitraje, proclama en la Exposición de Motivos que el concepto de orden público debe ser interpretado a la luz de los principios recogidos en la Constitución, de manera que si el laudo arbitral es una resolución que sustituye la decisión judicial, los principios que rigen al mismo, son inherentes a la propia función judicial de tutela judicial efectiva y no indefensión de la parte, (artículo 24 de la Constituc
ión Española) y los de sujeción a las normas de competencia y procedimiento, (artículo 117.3).En el presente supuesto se plantea el recurso de anulación con causa en haberse vulnerado lo dispuesto en el artículo 45. párrafos 2 y 5 puesto en relación con los artículos 10, 10.1º y 16 del Real Decreto 636/1993.TERCERO: Partiend

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