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AP Madrid, Sec. 28.ª, 269/2008, de 7 de noviembre

SP/SENT/461282

Recurso 2/2008. Ponente: ENRIQUE GARCIA GARCIA.

Las partes podrán convenir libremente el procedimiento al que se hayan de ajustar los árbitros en sus actuaciones 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La representación de D. Roberto Fernández López "DORI BELL" presentó, el 23 de enero de 2008, demanda de anulación del laudo dictado en el expediente M-06-JA-00119.8/2007 por la Junta Arbitral del Transporte de la Comunidad de Madrid en el conflicto que mediaba entre dicha parte y TRANSPORTES OCHOA SA.
SEGUNDO.- Recibidas las actuaciones por este tribunal y tras el preceptivo traslado a la contraparte, se convocó a las partes a una vista que se celebró con fecha 6 de noviembre de 2008, a la que asistieron las defensas y representaciones de ambas partes, que alegaron durante la misma lo que estimaron oportuno en defensa de sus respectivos derechos. Tras lo cual quedaron las actuaciones conclusas para resolver.
Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La parte accionante, D. Roberto Fernández López, "DORI BELL", pretende conseguir la anulación del laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral del Transporte de la Comunidad de Madrid respecto al conflicto que mantenía con TRANSPORTES OCHOA SA y que le condenó a pagar a ésta 1.144,58 euros por unos portes efectuados por dicha entidad. El motivo por el que se pide que se anule el laudo es porque en el seno del proceso arbitral se omitió, tras habilitar un plazo para que la contraparte efectuase alegaciones escritas, darle al reclamado el traslado de las mismas, tal como se había decidido en la vista que debería hacerse con anterioridad a que se dictase el laudo.
Debe tenerse presente que el marco normativo en el que ha de ser resuelta la presente acción lo constituyen: 1º) como norma especial, la ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres , dado que este tipo de contrato es objeto de una específica regulación en nuestro ordenamiento jurídico; y 2º) como norma general, la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje .
SEGUNDO.- Conforme al artículo 38 de la ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres (que fue reformada por ley 13/1996, de 30 de septiembre, a raíz de la sentencia del TC de 23 de noviembre de 1995 que declaró la inconstitucionalidad de la primitiva redacción de este precepto) opera un arbitraje institucional en dicho ámbito para contiendas relacionadas con contratos de transporte. Este ar
bitraje está encomendado a las Juntas Arbitrales del Transporte. Se trata de una opción del legislador que persigue potenciar la institución arbitral, como alternativa ágil para aliviar a los tribunales de una excesiva carga de litigiosidad, diseñando con ese fin mecanismos que conllevan una presunción legal de sumisión a arbitraje siempre que: 1º) no se rebasen ciertos límites cuantitativos (que inicialmente eran hasta 500.000 pesetas -3.005,06

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