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AP Barcelona, Sec. 15.ª, 157/2009, de 4 de mayo

SP/SENT/479192

Recurso 352/2008. Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO.

La no apreciación de la prescripción por el tribunal arbitral, no afecta a los derechos fundamentales ni a los principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: El Laudo dictado por la Junta Arbitral de Transports contiene la siguiente resolución: "Estimar parcialment la reclamacio presentada per EMPRESES RAMONEDA, S.A., reconeixent el seu dret a percebre de NV CORPORACION, S.L. la quantitat de tres mil sis-cents seixanta euros amb cinquanta-quatre centims (3.660,54 euros)".
SEGUNDO: Tramitación de la demanda de anulación
Contra el referido laudo se ejercitó una acción de anulación por la representación de NV CORPORACION, S.L., mediante escrito motivado del que se dio traslado a la demandada, quien contestó oponiéndose a la anulación. A continuación se señaló para la celebración de la vista el día 11 de marzo de 2009, con el resultado que obra en la precedente diligencia.
TERCERO: En la tramitación del presente recurso se han observado todas las formalidades legales.
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: La acción de anulación del laudo se basa en dos motivos: la vulneración del orden público (art. 41.1 .f) LA) porque estima una pretensión que se hallaba prescrita conforme al art. 951 Ccom , aplicable por remisión del art. 9 ROTT ; y la inexistencia o falta de validez del convenio arbitral (art. 41.1 .a) LA).
SEGUNDO: Conviene advertir que la revisión judicial del laudo propiciada por la acción de anulación excluye una revisión de la cuestión controvertida de fondo, objeto de arbitraje, y se limita a examinar si concurre alguno de los motivos tasados por el art. 41 Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje (LA). La primera causa de anulación invocada es la prevista en el art. 41.1 .f) LA: "que el laudo es contrario al orden público".
El concepto de orden público en nuestro derecho, como ya exponíamos en resoluciones anteriores [entre otras, Sentencias de 12 de septiembre de 2002 (RA 238/2000), de 18 de noviembre de 2005(RA 571/2004) y de 27 de marzo de 2008 (RA 255/07 )], no coincide con el que impera en derecho comparado que "se sitúa en la infracción de las normas imperativas que atañen a los principios de la vida estatal o económica, o que han sido promulgadas para fines de política estatal, social o económica o, aún en la infracción grave de la equidad (derecho alemán), en el fraude, engaño, falta de imparcialidad u honestidad y en las irregularidades del procedim
iento arbitral (derecho inglés o americano), en la preservación del interés general frente al particular (derecho francés) o en el interés esencial del Estado o de la colectividad (derecho belga)". En nuestro sistema legal, la vulneración de la infracción del orden público como motivo de anulación se sitúa en un doble plano: de una parte, en la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, siguiendo la doctrina con

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