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Juzgado de 1.ª Instancia Pamplona/Iruña, n.º 1, 138/2000, de 17 de mayo

SP/SENT/55114

Recurso 134/2000. Ponente: RAQUEL FERNANDINO NOSTI.

Validez cláusula contractual sumisión arbitraje 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que la meritada representación de la parte actora, formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la que solicitaba se sirva admitir la demanda, dar traslado de la misma al demandado advirtiéndole que habiéndose enervado con anterioridad a esta demanda, otra de desahucio por falta de pago, la presente no puede ser objeto de nueva enervación y previo los demás trámites legales, dictar en su día sentencia declarando resuelto el contrato de arrendamiento del local bajo de la casa núm. _ de la calle _____ de Pamplona, condenando al demandado al desalojo del citado local, con los apercibimientos legales, todo ello con expresa imposición de costas a la demandada.
SEGUNDO.- Que admitida a trámite, se señaló para la celebración del juicio el día 7 de abril a las 10 horas, compareciendo los letrados y procuradores, constando su resultado en autos, habiéndose practicado en dicho acto las pruebas propuestas por las partes, constando su resultado en autos.
TERCERO.- Que en la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- A la demanda de desahucio formulada por D. Francisco frente a D. Juan opone el inquilino la excepción dilatoria de sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje, alegando al respecto la cláusula decimoquinta del contrato arrendaticio, cuyo tenor literal es el siguiente: "para todo conflicto que pueda surgir con motivo de la interpretación y / o cumplimiento de lo establecido en este contrato, las partes se someten a la Ley Foral de Arbitraje, comprometiéndose a aceptar el laudo que se formule".
El arrendador sostiene que esta excepción dilatoria no procede por tratarse de una juicio de desahucio por falta de pago (vid. F. _, acta del juicio).
No cabe duda de que nos encontramos ante una cuestión que no ha estado exenta de polémica, pero como declara la SAP Baleares de 11 de diciembre de 1998: "Bajo la vigencia de las anteriores leyes de arrendamientos urbanos, la aplicabilidad de la cláusula compromisoria en materia de desahucios venía sistemáticamente vedada por la doctrina del Tribunal Supremo. Así, entre otras, en las sentencias de 21 de marzo de 1950, 24 de abril de 1971 y 3 de febrero de 1972.
Esta línea jurisprudencial se basaba en que a partir de la dicción literal del art. 1561 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no cabían arbitrajes en materia de desahucios. Sin embargo, dentro de esta tendencia general la propia jurisprudencia fue abriendo vías a la resolución extrajudicial de conflictos arrendat
icios. Es el caso de la sentencia de 28 de febrero de 1962 que permitió el arbitraje en materia de desahucio respecto a los arrendamientos de locales de espectáculos de cierta duración, afirmando que la imperatividad de la ley locativa urbana sólo afectaba a la prórroga obligatoria, pero las demás materias quedaban sujetas a la disponibilidad de las partes y, por ende, a la posibilidad de arbitraje, doctrina seguida en las sentencias del Alto Tri

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