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AP Baleares, Sec. 3.ª, 71/1997, de 4 de febrero

SP/SENT/55115

Recurso 511/1996. Ponente: CARLOS GOMEZ MARTINEZ.

El convenio arbitral de autos es válido en cuanto que su objeto no se halla comprendido en el artículo 2.1 de la Ley de Arbitraje de 1988 
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ANTECEDENTES DE HECHO
No se reproducen los antecedentes de esta sentencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El primero de los motivos de impugnación del laudo esgrimidos por el impugnante es la nulidad del convenio arbitral por tener por objeto materia indisponible por las partes (artículo 45.1 en relación con el artículo 2.1 de la Ley de Arbitraje de Derecho Privado de 5 diciembre 1988). Se afirma en el escrito de impugnación que el artículo 1561 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el conocimiento de las demandas de desahucio corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, precepto que, según la promovente de la presente impugnación, ha sido interpretado por la jurisprudencia en el sentido de que no cabe el arbitraje en materia arrendaticia cuando el laudo pudiera implicar la resolución contractual.
Bajo la vigencia de las anteriores Leyes de Arrendamientos Urbanos, la aplicabilidad de la cláusula compromisoria en materia de desahucios venía sistemáticamente vedada por la doctrina del Tribunal Supremo. Así, entre otras, en las Sentencias de 21 marzo 1950, 24 abril 1971 y 3 febrero 1972. Esta línea jurisprudencial se basaba en que a partir de la dicción literal del artículo 1561 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no cabían arbitrajes en materia de desahucios. Sin embargo, dentro de esta tendencia general la propia jurisprudencia fue abriendo vías a la resolución extrajudicial de conflictos arrendaticios. Es el caso de la Sentencia de 28 febrero 1962 que permitió el arbitraje en materia de desahucio respecto a los arrendamientos d
e locales de espectáculos de cierta duración, afirmando que la imperatividad de la Ley Locativa Urbana sólo afectaba a la prórroga obligatoria, pero las demás materias quedaban sujetas a la disponibilidad de las partes y, por ende, a la posibilidad de arbitraje, doctrina seguida en las Sentencias del Alto Tribunal de 4 mayo 1962 y 24 enero 1969, que ampliaron notablemente el margen del arbitraje al señalar que únicamente era indisponible la prórr

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