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AP Cádiz, Sec. 2.ª, 373/2010, de 21 de diciembre

SP/SENT/622748

Recurso 349/2010. Ponente: ANTONIO MARIN FERNANDEZ.

No cabe apreciar la renuncia de forma expresa al arbitraje por haber entablado acciones civiles 
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No cabe apreciar la indebida notificación del nombramiento del árbitro cuando se comunicó mediante oficio del secretario 
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Constando de forma fehaciente el emplazamiento para contestar así como la declinatoria presentada, no se encuentra motivo para que se concediera la prórroga para contestar 
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Estando ante un arbitraje institucional en la normativa aplicable no se prevé la celebración de audiencia sino de conclusiones, no necesariamente de forma oral 
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No cabe estimar el motivo por cuanto si quiera por la recurrente se expone de forma clara cuál es el motivo del defecto en la designación del árbitro 
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No especificando por qué el laudo contraviene el orden público ha de desestimarse 
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Tomando en consideración la fecha de presentación de la contestación, dies a quo para la emisión del laudo entiende el Tribunal que fue dictado dentro del plazo legal 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Formulada acción de anulación del laudo arbitral antes reseñado por la entidad recurrente, se admitió a trámite mediante Decreto de fecha 30/julio/2010 , acordándose al tiempo dar traslado a la parte recurrida para que contestara. La entidad recurrida contestó oponiéndose a la pretendida anulación. Seguidamente se señaló el Juicio, que ha tenido lugar el día de hoy con la asistencia de ambas partes. Las mismas se ratificaron en sus respectivos escritos de alegaciones; recibido el pleito a prueba, se propuso y admitió documental propuesta por la parte recurrente y documental de la parte recurrida. Tras evacuarse el trámite de conclusiones, quedó el juicio visto para sentencia.
SEGUNDO.- Reunida la Sala al efecto quedó votada la sentencia acordándose el Fallo que se expresará.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Motivos de anulación. La acción de anulación debe ser desestimada, confirmándose, por tanto, el contenido del laudo impugnado. Creemos que ninguna de las causas de anulación, de las previstas en el art. 41.1 de la Ley de Arbitraje , es hábil para provocar el citado efecto.
Con carácter previo, habremos de indicar que la acción de nulidad regulada en el art. 40 y siguientes de la Ley de Arbitraje se configura como un remedio extraordinario de anulación por causas determinadas, que solo permite comprobar la observancia en el procedimiento arbitral de las garantías formales. Ello significa que el control jurisdiccional que permite esta especifica vía impugnatoria queda circunscrito a la observancia de las formalidades o principios esenciales establecidos por la Ley en cuanto al convenio arbitral, al procedimiento arbitral y al laudo, así como a la preservación el orden publico, como se plasma y queda recogido en los tasados motivos de nulidad que enumera el referido art. 41 , cuya interpretación debe ser estricta, excluyendo cualquier otro que no se incardine en su ámbito, pues en otro caso se "vulneraria el principio de inmodificabilidad de las decisiones judiciales firmes que le es de aplicación, y en última instancia se desconocería la tutela judicial efectiva del beneficiado por él" ( STC 4/octubre/1993 ). En modo alguno cabe entrar en el fondo de la controversia sustraído al efecto de los Tribunales justamente por decisión de las partes que expresamente h
an renunciado a someter las divergencias a la jurisdicción civil ordinaria atribuyendo la resolución de las mismas a la arbitral a la que han de atenerse debiendo pasar por sus decisiones, opción a la que se muestra abiertamente renuente la parte recurrente mediante la alegación, con escaso orden y menor fortuna de un cúmulo de causas de anulación que prácticamente recorren todas las posibilidades de anulación previstas en la Ley.<div class

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