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AP Vizcaya, Sec. 4.ª, 373, de 17 de mayo de 2005

SP/SENT/660587

Ponente: MARIA LOURDES ARRANZ FREIJO.

El interés y el orden público no deben de identificarse con regulación de derecho público ni imperativo, porque hay materias que, aún participando de este carácter, pueden ser objeto de libre disposición por las partes 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante escrito presentado en el Juzgado Decano el día 13 de Septiembre de 2004 y con entrada en esta Sección el día 23, la representación de BILBOGAS, S.A. formuló acción de anulación del laudo que había sido dictado por la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi, en el arbitraje al que se ha hecho referencia en el encabezamiento.
SEGUNDO.- Por Diligencia de Ordenación de 27 de Septiembre de 2004, se acordó su registro, designación de Ponente y constitución de Tribunal.
TERCERO.- Por Providencia de 4 de Octubre de 2004, se concedió 5 días par subsanar el defecto de no indicar la cuantía del procedimiento.
CUARTO.- Por Auto de 21 de Octubre de 2004, se admitió a trámite la demanda y se acordó dar traslado de la demanda y documentos a la parte demandada a fin de que en el término de veinte días la contestara proponiendo en su caso los medios de prueba de que intentara valerse.
QUINTO.- Por Providencia de 29 de Noviembre de 2004 se tuvo por comparecida a la demandada y por contestada la demanda, quedando los autos pendientes de señalamiento de vista.
SEXTO.- Por providencia de fecha 7 de Febrero de 2005 se señaló para la vista el día 14 de Abril de 2005.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada DÑA. LOURDES ARRANZ FREIJO.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Dos son los motivos de nulidad articulados, por Bilbogas, SA frente al laudo dictado, por la Junta Arbitral de consumo de Euskadi: a) el recogido en el art. 41.1.e. "Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje" y b) el recogido en el art. 41.1.f "Que el laudo es contrario al orden público".
SEGUNDO.- El primero de los motivos se sustenta, en la alegación de que la tarifa del derecho de acometida, cuya devolución acuerda el laudo, no es susceptible de arbitraje, al estar regulada por normas de carácter imperativo, citando al efecto la ley 34/1998 de Hidrocarburos, y los Reales Decretos 949/2001 y 1434/2002, así como la Orden 33/04 y la Resolución de 6 de Abril de 2004, que regulan el costo de los derechos de la acometida en el sector de gas natural.
El motivo examinado no se acoge, y siendo idéntico al alegado y resuelto en el Rollo de esta Sala AAL 617/04, lo que resulta procedente es reproducir, lo que en el mencionado Rollo ya se dijo:
"El art. 2 de la Ley de Arbitraje dispone que son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial, las pautas de interpretación de la libre disponibilidad, sin intentar analizar otros supuestos concretos - arbitraje societario, ilícito concurren
cial, ilícito penal, arbitraje arrendaticio-, ni los supuestos en que la arbitrabilidad viene excluída por la imperatividad que impregna su disciplina material - determinadas materias derivadas de la Ley de Contrato de Agencia, etc.,- son, que no es materia de libre disposición conforme a derecho las siguientes: relativas al estado civil de las personas, como nacionalidad, capacidad, filiación, matrimonio, menores y todas aquellas en que por razó

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