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AP Alicante, Sec. 5.ª, 60/2012, de 9 de febrero

SP/SENT/673600

Recurso 447/2011. Ponente: MARIA TERESA SERRA ABARCA.

Resulta pues que dictado un laudo arbitral firme, e instada la ejecución del mismo, no cabe en la jurisdicción civil pronunciarse sobre la inclusión de partidas de honorarios de abogados y procurador 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia Nº Tres de Benidorm en los autos de Juicio Ordinario nº 1.559/09, se dictó en fecha 17-3-2011, resolución cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
"Que estimando la falta de competencia objetiva de este Juzgado de Primera Instancia para el conocimiento de la pretensión de la demanda interpuesta por el Procurador Sr/a. Pavia Botella en nombre y representación de Instalaciones Eléctricas Juan Prieto SL cuya demanda se desestima, debo absolver y absuelvo en la instancia a Atrium Beach SL representado/a por el Procurador Sr/a. Such Muñoz de las pretensiones de la demandante, correspondiendo las costas procesales causadas a la parte actora.".
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, habiéndose tramitado el mismo por escrito en el Juzgado de procedencia, en la forma introducida por la Ley 1/2000, elevándose posteriormente los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente Rollo de apelación nº. 447-A-2011 señalándose para votación y fallo el pasado día 08-02-2012.
TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente la Iltma.. Sra. Dª. Mª Teresa Serra Abarca.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El art. 517.2.2 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil se dice que los laudos o resoluciones arbitrales firmes llevan aparejadas ejecución, resultando que conforme a lo previsto en el art. 551.1 de la misma Ley Procesal , "presentada la demanda ejecutiva, el tribunal despachará en todo caso la ejecución, siempre que concurran los presupuestos y requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título".
Pues bien, teniendo en cuenta las previsiones al efecto recogidas en los preceptos anteriormente referidos, y la doctrina que sobre el arbitraje y los laudos arbitrales ha venido manteniendo nuestro Tribunal Constitucional, entre otras resoluciones en sentencia de 20 de julio de 1993 , en la que se dice que el arbitraje es un "equivalente jurisdiccional" por el que las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil, es decir, una decisión que ponga fin al conflicto que pudiera haber surgido entre ellas con todos los efectos de la cosa juzgada, de forma que, por imperativo legal, la decisión adoptada en un laudo arbitral está revestida de auctoritas, aún cuando los árbitros carezcan del imperium necesario para llevar a cabo la ejecución forzosa de su laudo, reservando la Ley de 1988 la ejecución forzosa de tales decisiones a los órganos jurisdiccionales, cuya intervención deb
e limitarse, conforme se dice en esta sentencia, a despachar ejecución por los trámites de las sentencias firmes, salvo en el procedimiento de anulación específico de tales laudos.Consideramos que, a la vista de la fuerza jurídica específica reconocida en nuestro ordenamiento jurídico al laudo arbitral, y teniendo en cuenta las previsiones establecidas en nuestra vigente Ley de Enjuici

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