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TJCE/TJUE, Sala Sexta, de 14 de mayo de 2020

SP/SENT/1047490

Recurso C-208/19. Ponente: N. Jääskinen.

Se califica como contrato de servicios el celebrado fuera del establecimiento mercantil entre un arquitecto y un consumidor relativo a la elaboración de un plano de una vivienda unifamiliar nueva 
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El arquitecto debe informar previamente que una vez ejecutado el proyecto de vivienda individual con vistas a su construcción el consumidor pierde el derecho de desistimiento, y sobre esto debe recabarse el consentimiento expreso del consumidor 
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ANTECEDENTES DE HECHO
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, puntos 3 y 4, 3, apartado 3, letra f), y 16, letra c), de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2011, L 304, p. 64).
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre NK, por una parte, y MS y AS, por otra, en relación con el pago, por MS y AS, de una retribución por servicios de arquitectura que NK les prestó.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Los considerandos 3, 4, 7, 21 y 26 de la Directiva 2011/83 enuncian lo siguiente:
«(3) El artículo 169, apartado 1, y apartado 2, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establecen que la Unión contribuirá a que se alcance un alto nivel de protección de los consumidores mediante las medidas que adopte en virtud de su artículo 114.
(4) […] La armonización de determinados aspectos de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento con los consumidores es necesaria para promover un auténtico mercado
interior para los consumidores, estableciendo el equilibrio adecuado entre un elevado nivel de protección de estos y la competitividad de las empresas, al tiempo que se garantiza el respeto del principio de subsidiariedad.[…](7) Una armonización plena de determinados aspectos reglamentarios fundamentales debe reforzar considerablemente la seguridad jurídica, tanto para los consumido

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