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TC, Sala Segunda, 177/2020, de 14 de diciembre

SP/SENT/1076902

Recurso 506/2015. Ponente: Pedro José González-Trevijano Sánchez.

Responsabilidad patrimonial del Estado por prisión provisional seguida de absolución por vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia 
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ANTECEDENTES DE HECHO
relevantes y reflejar los derechos fundamentales que el recurrente invoca, a saber tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y presunción de inocencia (art. 24.2 CE y 6.2 del Convenio europeo de derechos humanos), trae a colación la doctrina establecida por el Pleno de este tribunal en los
FUNDAMENTOS DE DERECHO
4 y 5 de la STC 125/2019, de 31 de octubre, en los que se determinaron los efectos que sobre el recurso de amparo debía producir la STC 85/2019, que declaró la inconstitucionalidad de los incisos "inexistencia del hecho imputado" y "por esta misma causa" del art. 294.1 LOPJ y se concretó el alcance que la estimación del amparo debía producir. En consecuencia, el fiscal estima que procede otorgar el amparo y reconocer el derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, en cuanto a sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del art.14 CE y del art. 24.2 CE señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019.
Por último sostiene que, si bien de la literalidad del precepto depurado de su tacha de inconstitucionalidad, cabría entender que cuando el proceso penal concluya con un pronunciamiento de absolución o de sobreseimiento libre procederá la indemnización, no obstante señala que de lo establecido en la STC 85/2019 no se desprende, por sí solo, que el derecho a la indemnización sea automático, en tanto se acredite por el solicitante el tiempo pasado en prisión. Sobre ese aspecto, refiere que deberán aplicarse los criterios propios del Derecho general de daños (como puede ser la compensatio lucri cum damno o la relevancia causal de la conducta de la propia víctima). Por ello, "también en el caso subyacente, cabría el juego de estos criterios de atemperación o incluso rechazo total o parcial tomando en c
uenta las particulares circunstancias concurrentes que podrán valorar las autoridades administrativas y, en su caso, judiciales".Por todo lo expuesto, el fiscal interesa que se declare vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia del recurrente (art. 24.2 CE); que se anulen las resoluciones judiciales y administrativas que denegaron la pretensión del demandante; y que se retrotraigan las actuac

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