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Opinión. Octubre 2020

SP/DOCT/104330

Requisitos del arrendatario de vivienda para acceder a las medidas adoptadas en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, para hacer frente al COVID-19

Begoña Costas de Vicente. Directora de Sepín Arrendamientos Urbanos. Abogada

RESUMEN El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, con entrada en vigor el 2 de abril de 2020, regula el aplazamiento excepcional en el pago de la renta, no obstante, para optar a estas medidas exige muchos requisitos "concurrentes" a tener en cuenta, que deben darse en la figura del arrendatario, en cuanto a la definición de vulnerabilidad, líímites de ingresos de la unidad familiar y el importe de la renta.

Royal Decree-Law 11/2020, of 31 March, which adopts additional urgent measures in the social and economic sphere to deal with COVID-19, and which comes into force on 2 April 2020, regulates the exceptional deferment of rent payments. However, in order to qualify for these measures, many "concurrent" requirements must be taken into account, which must be given to the figure of the tenant, with regard to the definition of vulnerability, limits on the income of the family unit and the amount of the rent.

PALABRAS CLAVE ayudas alquiler COVID-19, arrendamientos urbanos

rental aid COVID-19, urban leases

Ante la situación difícil y compleja motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, que afecta al ámbito social y económico, tanto los arrendatarios como los arrendadores esperaban le tocara el turno al alquiler, a los contratos de arrendamiento urbano, para aclarar cuestiones tan básicas como ¿Puedo dejar de pagar la renta de una vivienda o local de negocio? ¿Cómo solucionar este inesperado problema?
El Gobierno, tras la primera declaración del estado de alarma, aprueba el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, con entrada en vigor el 2 de abril de 2020, regulando en el Capítulo I, Sección 1ª, las medidas para apoyar a "las familias y a los colectivos más vulnerables", que veían afectados sus ingresos por la paralización de la actividad económica. Y sorprendentemente, lo primero que nos llama la atención es que dicho texto legal resultaba aplicable únicamente a las viviendas habituales, olvidándose entonces de los locales de negocio o arrendamientos de uso distinto al de vivienda, cuya regulación fue aprobada más tarde, en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
Nos centraremos en el estudio de las medidas aprobadas para las viviendas, en nuestra opinión, no tan fáciles de
cumplir al exigir unos requisitos concurrentes que deben darse en la figura del arrendatario, en cuanto a la definición de vulnerabilidad, y tener que considerar los límites de ingresos de la unidad familiar y el importe de la renta.Es importante partir de la premisa de que las moratorias en el pago de la renta solamente podrán ser "impuestas" a los arrendadores que sean grandes tenedores y empresas o entid

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