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Artículo Monográfico. Diciembre 2019

SP/DOCT/83424

Phising, responsabilidad bancaria. Estudio del criterio doctrinal imperante.

José Mª Fernández Abella. Juez sustituto adscrito al TSJ de Galicia.

Efectuaremos en este artículo la aproximación a una cuestión que, desgraciadamente, se está haciendo más habitual, cual es el fraude informático realizado a través del método conocido como "phishing" o transferencia no autorizada, y los efectos –véase responsabilidad de la titular bancaria- que ello puede comportar, visto desde diferentes perspectivas, centrando nuestra atención en la responsabilidad civil que ello pudiere irrogar en la entidad bancaria que ofrece dichos servicios telemáticos.
Sabido es que nos movemos en un mundo tecnológico en el que prima el uso de sistemas telemáticos en la realización de las actividades de la vida diaria de la que no es ajeno el mundo financiero bien al contrario cobra especial importancia, cada vez mayor, obligando al propio usuario a dicha utilización para la realización de diferentes gestiones en dicho ámbito financiero; no obstante, ello lleva aparejado la picaresca y a la realización de prácticas abusivas que afectan y repercuten, directamente, en el propio usuario, circunstancias estas que conllevan importantes cuestiones jurídicas, tanto penales como civiles, siendo estas últimas en las que habremos de centrar nuestra atención en este artículo.
Habremos de principiar por concretar que, la transferencia bancaria, es un servicio que forma parte de servicio de caja entre el proveedor de servicios de pago (el banco) y sus clientes, sirviéndose de un medio de pago mediante el débito en la cuenta
del ordenante y el abono en la del beneficiario; se trata, en definitiva, de un procedimiento financiero de movimiento de moneda. La Ley de Servicios de Pago define la orden de pago como "toda instrucción cursada por un ordenante o beneficiario a su proveedor de servicios de pago por la que se solicite la ejecución de una operación de pago" (art 2.16). Esta transferencia se regula en la Ley 16/200

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