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TS, Sala Primera, de lo Civil, de 22 de abril de 2003

SP/AUTRJ/141068

Recurso 2112/2000. Ponente: JOSE MANUEL MARTINEZ-PEREDA RODRIGUEZ.

Dirigida la demanda a la nulidad del arrendamiento por simulación su cuantía se determina en función de una anualidad de la renta 
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ANTECEDENTES DE HECHO
1.- El Procurador D. Francisco Alvarez del Valle, en nombre y representación de D. Agustín y de Dª Encarna , presentó ante esta Sala escrito de interposición de recurso de casación contra la Sentencia dictada, con fecha 6 de marzo de 2000, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Quinta) en el rollo nº 432/99 dimanante de los autos nº 99/98, del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Benidorm.
2.- Entregadas las actuaciones al Ministerio Fiscal, éste las ha devuelto con dictamen contrario a la admisión del motivo segundo de casación, que al amparo del ordinal 4º del art. 1692 de la LEC, denuncia la infracción del art. 1255 del Código Civil, precepto que, por su amplitud y generalidad, no puede servir de base a un motivo de casación, porque el examen de su denunciada infracción, implicaría el de todo el pleito, con lo que la casación quedaría reducida a una tercera instancia, desnaturalizándose el recurso.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que el acceso a la casación es cuestión de orden público procesal que no puede quedar a la libre disposición de las partes ni del propio órgano jurisdiccional (SSTC 90/86 y 93/93), correspondiendo al Tribunal Supremo "la última palabra" (SSTC 10/86,26/88, 315/94 y 37/95, esta última del Pleno), acerca de la concurrencia de los requisitos de admisibilidad de los recursos, especialmente el de casación, ya que tanto la cuantía como la concreta naturaleza de la reclamación judicial que se efectúa en cada caso ha de ser determinada por los tribunales ordinarios (STC 291/94 que recopila la doctrina al respecto citando otras muchas sentencias anteriores).
2.- Con base en tal carácter de orden público, también declarado por esta Sala en numerosas ocasiones (p. ej SSTS 14-7-92, 6-10-93, 21-10-93 y 13-12-94), es reiterada su jurisprudencia a cuyo tenor, si bien la cuantía litigiosa queda fijada generalmente al inicio del pleito mediante la propuesta del actor que no sea discutida por el demandado (SSTS 9-10-92 y 9-12-92), ello no puede tener el efecto de vincular a los órganos jurisdiccionales indefectiblemente, pues tal consecuencia equivaldría a dejar en manos de los litigantes el acceso a la casación eludiendo normas imperativas. De ahí que, como aclaración imprescindible, la misma jurisprudencia haya declarado reiteradamente que si la fijación de la cuantía litigiosa por las partes hubiera sido manifiestamente errónea al alza,
o interesada con el exclusivo propósito de poder acceder a la casación al margen de la verdadera naturaleza del objeto litigioso, dicha determinación deba corregirse en esta sede ajustándola a la normativa legal (SSTS 10-5-91, 21-11-91, 30-6-92, 17-7- 92, 24-5-94 y 29-7-94 entre otras muchas).3.- Aplicando cuanto antecede al caso examinado ha de concluirse que el recurso incurre en la causa d

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