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AP Valencia, Sec. 6.ª, 262/2002, de 17 de diciembre

SP/AUTRJ/41803

Recurso 640/2002. Ponente: OLGA CASAS HERRAIZ.

Juicio cambiario: es necesario la posterior presentación de demanda ejecutiva en aplicación del art. 549 ante la falta de pago del deudor 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La resolución recurrida , en su parte dispositiva, es del siguiente tenor: "Se da por terminado el presente proceso, dejando nota de ello en el libro correspondiente"
SEGUNDO.- Notificada que le fue la precitada resolución a la parte actora, contra la misma interpuso recurso de apelación, y elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, y previos los trámites oportunos se señaló para deliberación y fallo la audiencia del día 25 de noviembre de 2002 , en la que tuvo lugar.
TERCERO.-En la tramitación de esta alzada se han observado en lo sustancial las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los argumentos sostenidos por la parte recurrente se amparan en un supuesto incumplimiento del artículo 825 de la L.E.C., entendiendo que tal como recoge la exposición de motivos de la vigente L.E.C., la eficaz protección del crédito cambiario queda asegurada por el inmediato embargo preventivo, que se convierte automáticamente en ejecutivo si el deudor no formula oposición o si esta es desestimada , careciendo de sentido jurídico-procesal remitir al acreedor a la interposición de una nueva demanda cuando ya se ha instado procedimiento específico. De igual modo entiende el recurrente que la resolución recurrida infringe el artículo 553 de la L.E.C..
SEGUNDO.- Para el adecuado estudio de las cuestiones sometidas mediante el presente recurso a consideración de esta Sala se hace preciso acudir al artículo 825 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la interpretación del mismo, siendo que para la aplicación de las normas jurídicas habremos de estar al artículo 3 y siguientes del Código Civil, de forma que inexcusablemente "prima facie" a tenor del artículo 3.1 de la Ley Sustantiva "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto , los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicables, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas", quedando así fijados criterios hermenéuticos en nuestro derecho, no cabe sino acudir al tenor literal d
el artículo 825 de la L.E.C., el cual en su párrafo segundo refiere: "La ejecución despachada en este caso se sustanciará conforme a lo previsto en esta Ley para la de sentencias y resoluciones judiciales y arbitrales" remitiéndonos en su consecuencia a la regulación que la propia Ley Adjetiva contiene en sus artículos 549 y siguientes, siendo que el precitado artículo exige como requisito previo al despacho de ejecución la petición de parte en f

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