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AP Lugo, Sec. 2.ª, 35/2003, de 27 de marzo

SP/AUTRJ/48451

Recurso 126/2003. Ponente: MARIA LUISA SANDAR PICADO.

Falta de identidad respecto a la causa de pedir: no se examina con anterioridad la titularidad finca 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Monforte, se dictó auto en Procedimiento Ordinario n° 187/02, con fecha 9 de noviembre de 2002, por el que se acordó "Estimo la excepción de cosa juzgada y en consecuencia sobreseo el proceso. Las costas las abonaran los actores. "Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la representación de Dª Erica y D. Juan . Elevándose las actuaciones a esta Audiencia, correspondiendo por el turno de reparto a la Sección Segunda.
SEGUNDO.- Recibidas las actuaciones en este tribunal, formado el rollo correspondiente y cumplidos los demás trámites, se pasaron a la Sra. Ponente para dictar resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se centra la cuestión objeto de debate en determinar si es de aplicación al presente caso el instituto de cosa juzgada, o por el contrario no opera el mismo pese a la identidad de personas y objeto, puesto que según el recurrente difiere la causa de pedir. Constituye doctrina reiterada del Tribunal Supremo que "la determinación del alcance que quepa atribuir a la cosa juzgada constituye una cuestión que corresponde a la estricta competencia de los órganos judiciales, sólo revisable en sede constitucional si tal interpretación resulta incongruente, arbitraria ó irrazonable". En términos generales puede concluirse que lo alegado, discutido y resuelto en un determinado proceso no puede volver a ser debatido en una nueva contienda judicial. Y tal aseveración requiere la concurrencia de unos requisitos que vienen constituidos por la igualdad de los sujetos, objeto y causa, en uno y otro proceso, para que surta todos los efectos la excepción de cosa juzgada, que impide, como se ha dicho, otra resolución sobre una cuestión que entrañe esa triple identidad. Todo ello no es otra cosa que la salvaguarda del principio de la seguridad jurídica plasmado en el artículo 9.3 de la Constitución Española.
Para determinar el verdadero alcance de la misma es necesario examinar el tenor de las diversas resoluciones y en consecuencia habrá de estudiar la petición que en las mismas se articulaba, así como quienes figuraban como parte.
SEGUNDO.- Un examen
del iter procedimental llevado a cabo en el presente caso remite a sendos juicios de testamentaría, acumulados, de los cónyuges Alfredo y María Rosa , en el transcurso de los cuales se promovió juicio declarativo para la exclusión de las fincas referidas en la presente causa del inventario de bienes de los causantes. Se dictó Sentencia en el referido procedimiento que a pesar de señalar que no entraba en el fondo del asunto, desestimó finalmente

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