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AP Málaga, Sec. 6.ª, 122/2006, de 28 de abril

SP/AUTRJ/91600

Recurso 253/2006. Ponente: ANTONIO ALCALA NAVARRO.

La no aportación de los datos requeridos por falta de conocimiento no se considera fuerza mayor que excluya la caducidad de la instancia 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Fuengirola, dictó auto de fecha quince de septiembre de dos mil cinco en los autos de Expediente de Dominio Nº 145 de 1989, por el que declaraba la caducidad de la instancia del referido procedimiento por haber transcurrido más de dos años sin actividad procesal.
SEGUNDO.- Contra el auto referido interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación la representación de Don Marcelino, que en la alzada ostenta el Procurador Don Enrique Carrión Mapelli, el cual fue admitido a trámite y su fundamentación, impugnada de contrario, los cuales al no haberse propuesto prueba, ni estimarse necesaria la celebración de vista, previa deliberación de la Sala, que tuvo lugar el día 27 de abril de 2006, quedaron conclusas para dictar la resolución procedente.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. ANTONIO ALCALÁ NAVARRO.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El auto que resuelve la reposición es, según el artículo 454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, irrecurrible. Contra el auto definitivo cabe, conforme al artículo 455.1 del mismo texto legal, recurso de apelación, por lo que el pie del recurso del auto que declaraba la caducidad de la instancia, resulta equivocado y es nulo todo lo relativo al recurso de reposición tramitado, y la fecha sólo tendrá en cuenta el primer auto dictado y el recurso de reposición habría de entenderse interpuesto contra la referida resolución del 15 de septiembre de dos mil cinco. En consecuencia al impulso procesal que de oficio habrá de dar el órgano jurisdiccional al procedimiento en curso, según el artículo 179.1 de la Ley procesal común, el artículo 236 del mismo texto legal establece que la falta de impulso del procedimiento por las partes o interesados no producirá la caducidad de la instancia, pero ello no es óbice de que opere de modo objetivo y automático lo dispuesto en el artículo 237.1, pues solo precisa para que así ocurra, que no se produzca actividad procesal alguna en el plazo indicado de dos años si el pleito se hallare en primera instancia en cualquier caso que no fuera de los previstos en el artículo 238 de las tantas veces aludida Ley, fuerza mayor u otra causa contraria o no imputable a la voluntad de las partes interesadas. Si partimos que la causa de la paralización del procedimiento era imputable a la voluntad de la parte solicitante, quien debía facilitar el domicilio de
l transmitente Don Carmelo, para lo que había sido requerido, y que no había fuerza mayor que impidiera cumplimentar el requerimiento, pues bastaría decir que se desconocía y pedir se realizara la comunicación por vía edictal, no hay duda de que, al transcurrir el plazo de dos años que para la primera instancia señala el artículo 237.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha producido la caducidad de la instancia, entendiéndose desistido el proc

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