Tras la promulgación de la STJUE de 21 de diciembre de 2016 (SP/SENT/881530) que falla que se opone al art. 6 de la Directiva 93/13 que se limite a una fecha, la restitución derivada de la abusividad declarada en virtud de su art. 3 y que tumba la Doctrina del Tribunal Supremo sobre y la entrada en vigor del RDL 1/2017 que prevé un proceso extrajudicial para articular todas estas devoluciones, se plantean toda una serie de cuestiones inciertas de derecho sustantivo y procesal.

No tiene sentido, ante este nuevo escenario, lanzarse a plantear todo tipo de preguntas, ni aventurar sobre cómo aplicarán esta Sentencia nuestros órganos judiciales, tampoco intentar abarcar todas las respuestas posibles dejándonos arrastrar por todo tipo de especulaciones y futuribles. En primer lugar, porque como reconoce la Exposición del Real Decreto-Ley 1/2017, de Medidas Urgentes de Protección de Consumidores en Materia de Cláusulas Suelo, las previsiones que se deben adoptar son especiales y adicionales a nuestras normas procesales, mercantiles y civiles y porque como marca la Jurisprudencia comunitaria, en ausencia de normas para el reconocimiento de un derecho previsto por el ordenamiento comunitario, como el de no vinculación del consumidor a cláusulas abusivas, art. 3 Directiva y el de expulsarlas de los contratos con consumidores ex art. 7 Directiva, corresponde a España, designar órganos y procedimiento para salvaguardarlo, siendo responsable de garantizar de manera efectiva tal