El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, TJUE), en su Sentencia de 21 de diciembre de 2016, ha vuelto a pronunciarse, una vez más, sobre la falta de compatibilidad del ordenamiento jurídico español con el Derecho de la Unión Europea en materia de contratos celebrados con consumidores, con la peculiaridad de que, en esta ocasión, el TJUE no ha analizado una norma jurídica nacional sino un criterio interpretativo que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo había establecido en sus sentencias de 9 de mayo de 2013 y de 25 de marzo de 2015, cuál era el relativo a la falta de retroactividad de los efectos restitutorios derivados de la declaración judicial de nulidad de la conocida como "cláusula suelo".

Esta Sentencia del TJUE (también STJUE en adelante), lejos de ser una excepción, se enmarca dentro de un proceso de depuración del Derecho estatal español cuyo antecedente más próximo se halla en la STJUE de 13 de marzo de 2013, dictada en el asunto Aziz contra Caixa d'Estalvis de Catalunya, en la que el TJUE resolvió la cuestión prejudicial que había sido planteada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona -->

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