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AP Zaragoza, Sec. 4.ª, 316/2002, de 20 de mayo

SP/SENT/38521

Recurso 714/2001. Ponente: JAVIER SEOANE PRADO.

Plazo de caducidad de acción ejecutiva derivada de resoluciones judiciales anteriores a la nueva LEC 
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ANTECEDENTES DE HECHO
Se aceptan los correlativos de la sentencia recurrida; y
PRIMERO.- La anterior resolución contiene la parte dispositiva siguiente: "Denegar el despacho de ejecución que solicita la representación de María concepción _____e; sin imposición de costas".
SEGUNDO.- Notificada dicha resolución, por de D./Dª Mª Concepción _____e se en tiempo y forma contra la misma de apelación, remitiéndose los autos originales a esta Audiencia Provincial, Sección Cuarta.
TERCERO.- Recibidos los autos, formado el correspondiente rollo, sin celebración de Vista, se señaló para deliberación y votación el día 16 de mayo de 2002, en que tuvo lugar.
CUARTO.- En la sustanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
No se aceptan los de la resolución recurrida en tanto se opongan a los de la presente resolución y
PRIMERO.- El auto recurrido rechaza la ejecución por importe de 168.000 ptas. correspondientes a las mensualidades de julio, agosto, septiembre y octubre de 2001 por pensión alimenticia de su hija Carla, solicitada por Dª Concepción con base a la sentencia de divorcio de mutuo acuerdo de fecha 12-6-1992, que disolvió el matrimonio que contrajo en su día con D. Pedro, por entender caducada la acción ejecutiva por el transcurso del plazo de 5 años señalado en el art. 518 LEC 2000 desde la fecha de la firmeza la expresa sentencia.
SEGUNDO.- Ciertamente la nueva LEC 2000 supone un cambio sustancial en lo que atañe a la duración de la acción ejecutiva derivada de las resoluciones judiciales firmes.
Bajo la vigencia de la antigua legislación el TS ha venido entendiendo que la dicha acción estaba sujeta al plazo de prescripción de 15 años señalado en el art. 1964 CC que habría de ser computado desde su firmeza por disposición del art. 1971 LEC (STS 19-2-1982).
La nueva normativa opta por la caducidad y reduce sustancialmente el plazo de 15 a 5 años. Sin embargo, como muy bien dice el juzgador de primer grado, no establece el régimen transitorio que ha de ser aplicado a las sentencias dictadas con anterioridad a la LEC 2000, por lo que se ha planteado el problema de cual es el régimen que ha de
ser aplicado a dichas resoluciones.No existe todavía un criterio fijo que resulte de las resoluciones de los tribunales, sin embargo, la opinión doctrinal mayoritaria se inclina a entender que el plazo de caducidad de la acción ejecutiva derivada de resoluciones judiciales que hayan alcanzado la firmeza con anterioridad a la nueva disciplina procesal o no es de aplicación, o ha de ser comput

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