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AP Málaga, Sec. 6.ª, 400/2004, de 26 de mayo

SP/SENT/59195

Recurso 804/2003. Ponente: ANTONIO ALCALÁ NAVARRO.

No proceden costas contra la Tesorería General de la Seguridad Social 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Málaga dictó sentencia de fecha siete de mayo de dos mil tres en el juicio de impugnación de tasación de costas núm. 400 de 1998, del que este rollo dimana, cuya parte dispositiva dice así: "Fallo.- Que desestimando la impugnación formulada por la Tesorería General de la Seguridad Social, debo confirmar y confirmo la Tasación de Costas practicada y habiendo lugar a su exacción. Todo ello sin especial pronunciamiento condenatorio respecto a las costas causadas".
SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación la Tesorería General, el cual fue admitido a trámite y, su fundamentación impugnada de contrario, remitiéndose los autos a esta Audiencia, donde al no haberse propuesto prueba ni estimarse necesaria la celebración de vista, previa deliberación de la Sala, que tuvo lugar el día 25 de mayo de 2004, quedaron las actuaciones conclusas para sentencia.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Antonio Alcalá Navarro.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Sobre la cuestión que se somete a deliberación de este tribunal ya se emitieron pronunciamientos anteriores en los que siguiendo la doctrina marcada por la Sala Primera del Tribunal Supremo en sentencias de 11 de julio de 2000 y 16 de enero y 27 de diciembre de 2001 se indicaba como bajo la rúbrica "reintegro económico", dispone el artículo 36.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que "cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1867 (sic) -1967.1- del Código Civil", pero que, "no obstante, la generalidad con que se manifiesta el precepto al incluir en esa obligación de "reintegro económico" tanto a quien ha obtenido el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita como a quien lo tiene legalmente reconocido, tal obligación de reintegro resulta inoperante frente a quien, como la Tesorería General de la Seguridad Social tiene legalmente reconocido ese derecho, no por razón de su insuficiencia económica para litigar, sino "en todo caso", como establece el artículo 2 b) de la Ley 1/1996", de manera que, añade "es presupuesto de esa obligación de r
eintegro económico el que el beneficiario del derecho "viniere a mejor fortuna", estableciendo el inciso final de este artículo 36.2 una presunción acerca de cuando se da esa situación de mejoramiento de fortuna", indicando seguidamente que "el reconocimiento legal del derecho de que se trata a la Tesorería General de la Seguridad Social no se funda en su situación patrimonial por lo que no podría llevarse a cabo esa comparación que prevé el artí

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