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AP Ourense, Sec. 1.ª, de 8 de febrero de 2007

SP/SENT/121230

Recurso 243/2006. Ponente: FERNANDO ALAÑON OLMEDO.

La prescripción penal es una autolimitación del Estado que sólo puede llevar a cabo el Juez 
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La filtración de agua proviene del inmueble del demandado ya que el contiguo se encontraba vacio 
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por el Juzgado Mixto 2 de Ourense (actual Iª Instancia 1), se dictó sentencia en los referidos autos, en fecha 28 de diciembre de 2005 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por el procurador don Jesús Marquina Fernández en nombre y representación de Reale Seguros Generales S.A. contra don Tomás debo condenar y condeno a dicho demandado a abonar a la entidad actora la cantidad de 1.953,18 E. Las costas se imponen al demandado.".
Segundo.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso por la representación de Tomás recurso de apelación en ambos efectos, y seguido por sus trámites legales, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial.
Tercero.- En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 (antiguo) de fecha 28 de diciembre de 2005, se alza la representación procesal de la parte demandada interesando un pronunciamiento revocatorio de la anterior y el dictado de nueva resolución que desestime la pretensión deducida de contrario. Sostiene el apelante la procedencia del acogimiento de la excepción de prescripción de la acción y de la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, al no haber demandado la actora a cuantos ocupantes lo son del inmueble en el que se produjeron las inundaciones. Se denuncia infracción de los artículos 10, 43 y 38 de la Ley de contrato de seguro de 1980 , de los artículos 377, 353 y 298 de la Ley de enjuiciamiento civil.
SEGUNDO.- Sobre la prescripción aducida ha de significarse que la sentencia del Tribunal Constitucional a la que alude el demandado es de fecha 14 de marzo de 2005 (nº 63/2005) y está referida exclusivamente a la prescripción del delito y toda la argumentación de la misma descansa en la idea de que sólo es el Estado el que puede interrumpir la prescripción en cuanto tal instituto supone la renuncia del mismo a la persecución del delito. Exactamente señala que "la prescripción penal supone "una renuncia o autolimitación del Estado al ius puniendi" motivada por el mero transcurso de un periodo de tiempo más o menos dilatado, lógicamente solo los órganos que
en nombre del Estado ejercen la función de interpretar y aplicar las normas penales pueden hacerlo en los indicados plazos o, por el contrario, dejar que transcurran sin haber emprendido actuación alguna, con la consiguiente imposibilidad de subsanar las consecuencias derivadas de tal omisión. Pero también constituye una derivación inmediata de la propia esencia del instituto de la prescripción penal como límite temporal externo al ejercicio del

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