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AP Badajoz, Mérida, Sec. 3.ª, 318/2008, de 27 de noviembre

SP/SENT/450557

Recurso 414/2008. Ponente: JESUS SOUTO HERREROS.

La veracidad intrínseca de la firma de ambas partes en los documentos aportados por el demandado permite computar tales abonos al pago parcial del precio de venta 
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Pago por el demandado de los intereses moratorios pues negar toda la deuda y su falta de disposición a liquidarla con la otra parte privan de justificación al retraso en el pago al que el actor tiene derecho 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan en cuanto son relación de trámites y antecedentes los de la Sentencia apelada que con fecha 31 de julio de 2007 dictó la Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Almendralejo .
SEGUNDO.- Contra la expresada Sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación de la parte demandante, que fue admitido, dándose traslado a la contraparte, y una vez verificado se remitieron los autos a este Tribunal, donde se formó el rollo de Sala, que fue seguido por sus trámites.
TERCERO.- En la sustanciación del recurso se han observado todas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. 1. El apelante sostiene que se produjo una errónea valoración de la prueba especialmente de los documentos aportados que acrediatrían el pago que se reclama. Asimismo se impugna la condena al pago de los intereses moratorios y a las costas procesales.
2. El recurso ha de ser estimado parcialmente. La controversia litigiosa sustantiva a la que se contrae este recurso constituye una problemática que afecta a la valoración de la prueba. Es admitido por ambas partes la existencia y contenido de todos los documentos que constan en el procedimiento pero discrepan esencialmente sobre el alcance que haya de darse a los documentos privados aportados por el demandado, más en concreto si los abonos a que se refiere han de imputarse o no al pago parcial del precio de la venta, en relación también con lo expresado en la escritura pública de compraventa, en su apartado de cantidad adeudada.
En primer lugar, como expone claramente la reciente STS 5-XII-2007, recogiendo la doctrina jurisprudencial al respecto, «la jurisprudencia de esta Sala ha declarado en numerosas ocasiones (Sentencias, entre otras, de 30 de octubre de 1998, 28 de septiembre de 2006 y 29 de mayo de 2007 ) que «esta prueba (documentos públicos) no es necesariamente superior a otras (Sentencias de 25 de junio de 1983, 27 de noviembre de 1985, 7 de julio de 1986 y 18 de junio de 1992 ) y la veracidad intrínseca de las declaraciones contenidas en ellos puede ser desvirtuada por prueba
en contrario (Sentencias de 8 de mayo de 1973, 9 de mayo de 1980, 15 de febrero de 1982, 14 de febrero y 14 de marzo de 1983 )". Así, prosigue la Sentencia de 28 de septiembre de 2006 , antes referida, "el valor o eficacia del documento público no se extiende a su contenido o a las declaraciones que en ellos hagan los otorgantes, pues, aunque en principio hacen prueba contra éstos y sus causahabientes, la veracidad

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