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Notas y Comentarios. Julio 2018

SP/DOCT/75668

Nota de presentanción: El desahucio por falta de pago y el desahucio por expiración del término

Begoña Costas de Vicente. Directora Técnica de sepín Arrendamientos Urbanos / Sandra Gamella Carballo. Redacción Jurídica

En esta selección de jurisprudencia analizamos las últimas resoluciones y los problemas que llegan a nuestros Tribunales referentes a dos juicios claves en el ámbito de los arrendamientos urbanos, el desahucio por falta de pago y el desahucio por expiración del término, que han sido objeto de continuas reformas.
Sus aspectos procesales, originariamente regulados en los arts. 38, 39 y 40 LAU 29/1994, de 24 de noviembre, fueron derogados por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, que los introdujo de forma muy dispersa y que han tenido, desde entonces, innumerables modificaciones. La última de ellas, por Ley 42/2015, de 5 de octubre, introdujo cambios sustanciales en estos juicios. Estos siguen los trámites del juicio verbal, conforme al art. 250.1.1.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero con ciertas especialidades.
El origen de estos dos procesos arrendaticios proviene de la acción del arrendador frente al arrendatario ante la falta de pago de la renta u otras cantidades como gastos de Comunidad, impuestos y otras cantidades asumidas por este último, o bien ante la finalización del plazo de duración del contrato.
Comenzamos con el juicio de desahucio por falta de pago, analizando la jurisdicción y competencia, resaltando la reciente resolución del Tribunal Supremo en relación con la competencia objetiva del Juzgado de 1.ª Instancia para conocer de un desahucio de este tipo cuando el arrendador es
tá en situación de concurso, al igual que otra sentencia de este mismo Tribunal señalando que, en los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio, será competente el Tribunal del lugar donde se encuentre la finca.En cuanto a postulación y defensa, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 42/2015 ha resuelto la discusión, siendo preceptiva la asistencia de abogado y procurador para

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