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Encuesta Jurídica. Junio 1996

SP/DOCT/771

En los supuestos de que no se conozcan los datos precisos necesarios para la actualización de la renta, renta y fecha inicial, o la renta revalorizada, ¿Como se calcula la actualización?

Coordinador: D. Jesús Marina Martinez-Pardo (Magistrado Tribunal Supremo, jubilado)

D. Modesto Bustos Gomez-Rico
En los supuestos a que se refiere la pregunta se ha de estar, en primer lugar, a lo que las partes interesadas libremente convengan, como criterio prioritario. En su defecto, el arrendador notificará fehacientemente al arrendatario la actualización que realice tomando como renta inicial o revalorizada aquella última comúnmente aceptada, y a falta de tal circunstancia aquélla de la que tenga prueba de ser la última vigente, con expresión del año y mes. Si el arrendatario la acepta, expresa o tácitamente, se tendrá por eficaz y vinculante la actualización comunicada. En caso de oposición se debe distinguir si es a la actualización en si misma, en ejercicio de la legítima opción que le conceden las reglas 6.ª del n' II de la Disposición Transitoria 2.' y el número 8 de la Disposición Transitoria 3.ª , que habrá de comunicarlo fehacientemente y por escrito, según el caso, al arrendador, o, si por el contrario, a las premisas o elementos utilizados por este para llevarla a término, en cuyo caso no le quedará al arrendador otro remedio que acudir al procedimiento previsto en el artículo 39.4 (verbal), a fin de que definitivamente por la autoridad judicial se fije la renta actualizada.
D. José L. García Hirschfeld
El desconocimiento de los datos que sirven de base a la pregunta, debe ser asumido por el arrendador, que como titular de la facultad de actualización que le reconoce el apartado 11 de la Transitoria Segunda, o el 6 de la Tercera, ha de procurar y acreditar los elementos que sean constitutivos de su derecho, acudiendo a cuantos medios tenga a su alcance, incluyendo los que le proporcione, sujetos a las comprobaciones necesarias, el propio arrendatario; en su caso, al procedimiento judicial previsto para la determinación de la renta, el apartado 4 del art. 39, en el que ni siquiera, la incomparecencia o rebeldía del demandado, le dispensa de la carga procesal establecida en el art. 1.2 14 C.c., en el que podrá valerse de las pruebas admitidas en Derecho, desde la testifical, a la documental (empadronamientos, domiciliación, Hacienda, Seguridad Social, Cámara de Comercio, etc.) para concretar la fecha y renta inicial, sin que en mi opinión el silencio del inquilino, a una propuesta insegura, deba interpretarse como «aceptación tácita».

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