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AP Palencia, Sec. 1.ª, de 5 de abril de 1995

SP/SENT/11235

En los contratos de arrendamiento concertados una vez en vigor el Real Decreto-Ley 2/85 de 30 abril, cuyo artículo 9 modifica radicalmente el régimen de duración de los contratos arrendaticios suprimiendo la prórroga forzosa, no cabe proceder a una aplicación automática de la obligación establecida en el artículo 56 en toda su extensión, sino que debe aplicarse el precepto, interpretando la Ley en atención a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada y a su espíritu y finalidad conforme ordena el artículo 3 del Código Civil. considerando, ponderando las circunstancias que en cada caso concreto concurren. Así no cabe duda que el legislador buscó reparar el perjuicio que al arrendador causaba la extinción anticipada del contrato, cifrándose en las rentas que faltaban para expirar el término, pues en tanto surgía un inquilino se veía la propiedad privada del normal rendimiento del inmueble. En consecuencia existe perjuicio en tanto el local no se arrendase nuevamente o se hiciere por inferior cuantía y hasta llegar el momento de extinción inicialmente previsto. Desde el momento en que se arriende por igual o superior renta y similares condiciones, el perjuicio desaparace y cesará la obligación de indemnizar.

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