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AP Palencia, Sec. 1.ª, de 6 de marzo de 1995

SP/SENT/11240

Es claro que la autoridad municipal competente requirio del actor la toma de medidas que evitaran los derrumbes y que éste nada hizo al respecto en los plazos indicados, provocando con su inactividad el derrumbamiento, para acto seguido instar la declaración de ruina. La locataria por tanto se encontraba legalmente autorizada para ejecutar por si las reparaciones precisas para la conservación y uso del inmueble. La duda surge en considerar tales obras, consistentes en el levantamiento de la pared de caída, como reparaciones necesarias o bien como una reconstrucción parcial inviable por no poderse sanar la destrucción del local objeto del arriendo, que es causa resolutoria al amparo del artículo 118 de la Ley Especial. Ante la imprecisión del límite divisorio entre las obras de reparación y las de reconstrucción, nos servirá de criterio en primer término el que utilizaba el propio artículo 118 en su número 2, el cuantitativo de que excedan o no en su coste del 50 por ciento del valor real de inmueble al tiempo del siniestro, acudiendo en segundo término a la propia naturaleza de las obras ejecutadas. En el supuesto de autos en absoluto se ha probado que el coste de la obra excediera de dicho límite, y ello incumbía al actor que pretende el desahucio, pues el informe técnico en base al cual se interesó la declaración de ruina hace referencia al coste de las obras precisas en el edificio colindante destinado a vivienda y no en el almacen litigioso. Por otra parte las obras en cuestión no, consisten en obras
de mejora, ni por vicios ocultos, etc, sino que su finalidad es evidentemente reparatoria, de mantener el almacén en condiciones de servir al uso pactado ante el siniestro habido como consecuencia de la inactividad del arrendador cara a su mínima conservación, pese a la evidencia de su necesidad y el requerimiento de la autoridad competente. En consecuencia a lo antedicho, se hallaba legalmente facultada la locataria para la realización de las ob

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