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AP Palencia, Sec. 1.ª, de 21 de octubre de 1997

SP/SENT/14780

La interpretación de la Disposición Transitoria 2ª en su apartado d.11 no debe de verse presidida por un criterio protector del inquilino o arrendatario, y considerar a la vista de la redacción de la misma que la pretensión que tuvo el legislador, se insiste que hace un breve período de tiempo, fue la de no considerar posible paralizar la actualización de la renta, después de aceptada por el inquilino, una vez efectuada una primera pretensión después de la entrada en vigor de la L 29/1994. A este respecto el referido apartado es concluyente cuando establece la posibilidad de que la renta del contrato pueda ser actualizada a instancia del arrendador previo requerimiento fehaciente al arrendatario, posibilitando que dicho requerimiento se haga una vez que se cumpla una anualidad de vigencia del contrato a partir de la entrada en vigor de la Ley, afirmando en el párrafo 3º de dicho apartado 11, que una vez que se efectúe dicho requerimiento y que por tanto se actualice la renta, en cada uno de los años posteriores en que deba de agotarse la actualización, conforme precisamente a lo que se dice en la regla 9ª de dicho apartado, el arrendador únicamente deberá notificar al arrendatario el importe de la actualización acompañando certificación del Instituto Nacional de Estadística expresiva de los índices determinantes de la cantidad notificada, lo que viene a significar que la actualización que se realiza a posteriori del primer requerimiento, no puede entrar a considerar el cambio de circunstancias que se haya
n tenido en cuenta desde la primeramente realizada, y únicamente será posible considerar la bondad o no de los cálculos matemáticos que se hagan por parte del arrendador, a la vista del aumento o descenso del índice general de precios al consumo del INE. Precisamente el hecho de que por el legislador no se haya contemplado como posible la paralización de la revisión de la renta que se pretende por la parte recurrente, es significativo de su ausen

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