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AP Almería, Sec. 1.ª, de 15 de diciembre de 2000

SP/SENT/20741

El art. 9 del Real Decreto 2/1985 de 30 de abril, al suprimir la prórroga forzosa en los contratos de arrendamiento de fincas urbanas, quiso que los contratos de esa naturaleza tuvieran la duración que libremente pactasen las partes contratantes al amparo del art. 1255 del Código Civil, sin que por tanto les fuera de aplicación forzosa el régimen establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 (art. 57), que a partir de la fecha del referido Real Decreto sería de aplicación por común cuerdo de los contratantes y no por imperativo legal. En definitiva, el art. 9 del mencionado Real Decreto, no prohibió el establecimiento de la prórroga forzosa, limitándose a excluir su aplicación automática, que por ello debería pactarse expresamente. Aplicando lo expuesto al presente caso enjuiciado, las pruebas practicadas no han puesto de manifiesto que las partes contratantes pactaran expresamente la prórroga forzosa del contrato de arrendamiento; la parte demandada que mantiene la existencia de dicho pacto, que de existir sería verbal, no ha ofrecido prueba alguna que lograse acreditar la voluntad de ambas partes de prorrogar forzosamente el contrato, por lo que es de aplicación al caso enjuiciado lo dispuesto en el art. 1566 en relación con el 1581, ambos del Código Civil, por todo lo cual, debe estimarse que en el contrato de arrendamiento ha expirado el plazo.

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