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AP Valladolid, Sec. 3.ª, 24/2002, de 29 de enero

SP/SENT/35389

Recurso 304/2001. Ponente: FRANCISCO SALINERO ROMAN.

Inexistencia prórroga forzosa por ser posterior a 1985 y ser un contrato no sujeto a la ley de arrendamientos urbanos 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.
SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 20 de Junio de dos mil uno., se dictó sentencia cuyo fallo dice así: "Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Martín Ruiz, en nombre y representación de D. PABLO ____, contra D. MIGUEL ____, debo declarar haber lugar a la resolución del Contrato de Arrendamiento que liga a las partes sobre la "cuadra" sita en Zaratán (Valladolid), Calle ____, por expiración del plazo de duración, debiendo el demandado enetregar la posesión de la misma a la parte actora, apercibiéndole de lanzamiento si no lo hiciera y ello con expresa imposición de costas al demandado."
TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por el demandado se preparó recurso de apelación que fue interpuesto dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria se presentó escrito de oposición al recurso. Remitidos los autos de juicio a este tribunal se señaló para la deliberación y votación el pasado día 24 de Enero de dos mil dos.
Vistos, siendo ponente el Ilmo Sr. Magistrado Don Francisco SALINERO ROMAN.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Poco podemos y debemos de añadir a los acertados argumentos contenidos en la sentencia apelada que hacemos nuestros en su integridad para evitar repeticiones innecesarias. El primer motivo de impugnación lo concreta el apelante en atribuir al Juzgador una errónea interpretación de la prueba al considerar como fecha del inicio del contrato de arrendamiento el año 1987 y no el año 1983 como afirma el recurrente. Debemos de rechazar este motivo pues como ya hemos dicho reiteradamente sólo es dable revisar el criterio interpretativo del Juzgador, cuando en esa tarea se haya apartado de las reglas de la lógica o comportado de modo arbitrario. No es el caso pues dicha fecha ha sido la declarada por un testigo propuesto por ambas partes, como reconoce el propio recurrente, lo que avala la fiabilidad de su testimonio, y cuya declaración era de especial trascendencia al ser la persona que ocupó las dependencias litigiosas antes que el recurrente. Ninguna circunstancia permite dudar de su testimonio y aún aceptando la tesis del recurrente de que su entrada en el local según la declaración del testigo pudiese situarse en el año 1986, esa fecha también es posterior a 1985. De lo que no existe prueba ninguna es de que la relación arrendaticia con el recurrente se iniciase en el año 1983, que constituye su afirmación en orden a excluir la legislación de 1985, y dicho aserto por ser hecho alegado por el recurrente debió de ser por él acreditado. Al faltar esa prueba y no ofrecer serias dudas de falsedad la dec
laración del testigo, que sitúa el arrendamiento del recurrente con posterioridad al año 1985, el Juez se ha conducido con acierto al tener por acreditado que la entrada del recurrente en el local tuvo lugar en el año 1987 como sostiene la parte actora y por tanto no apreciamos ningún error en la valoración que de la prueba referente al particular del inicio de la relación arrendaticia efectúa el Juzgador en la sentencia apelada.<div class=

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