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AP Zaragoza, Sec. 5.ª, 286/2004, de 10 de mayo

SP/SENT/58676

Recurso 72/2004. Ponente: JUAN IGNACIO MEDRANO SÁNCHEZ.

Imposibilidad resolver contrato en proceso en que se condiciona resolución al uso o no de facultad subrogatoria 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada de fecha 28 de julio de 2003 , cuya parte dispositiva dice: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por Aurora contra Amparo sin imposición de costas.
SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes por la representación procesal de Aurora se interpuso contra la misma recurso de apelación, solicitando mediante OTROSI el recibimiento del pleito a prueba, y dándose traslado a la parte contraria se opuso al recurso, remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia; previo emplazamiento de las partes.
TERCERO.- Recibidos los Autos s y cinta de video; y una vez personadas las partes; se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número ya indicado. Habiéndose solicitado prueba por Auto de 11-2-04 se admitió la prueba documental; y una vez practicada con el resultado que obran en el rollo, se señaló para deliberación, votación y fallo el 28 de abril de dos mil cuatro.
CUARTO.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Prescindiendo de aquéllas invocaciones contenidas en el recurso sobre la situación económica de cada una de las partes, irrelevantes a los efectos planteados en el proceso y en el recurso, tampoco en ningún caso justificadoras de un abuso de derecho, la cuestión que se plantea, y acaso de manera esencial, en el presente proceso pasa por determinar las consecuencias procesales de la singular situación planteada en el proceso.
Para concretarla hay que partir de los hechos que constituyen el objeto de la litis: sobre la base de un contrato de arrendamiento urbano de vivienda (concertado en el año 1983, sometido en su inicio al Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de diciembre de 1964), concertado con el marido de la demandada (soltero este último al tiempo de formalizarse el contrato de arrendamiento), y que al fallecer aquél el 1 de diciembre de 2002, al tiempo de interponerse la demanda, 11 de marzo de 2003, la esposa del arrendatario no había notificado su subrogación a la arrendadora. La peculiaridad procesal deriva del hecho de que si bien el régimen jurídico (salvo lo que luego se dirá) instaurado en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994 en su artículo 16.3, es el de que "el arrendamiento se extinguirá si en el plazo de tres meses desde la muerte del arrendatario el arrendador no recibe notificación por escrito del hecho del fallecimiento, con certificado registral de defunción, y de la identidad del subrogado, indicand
o su parentesco con el fallecido y ofreciendo, en su caso, un principio de prueba de que cumple los requisitos legales para subrogarse. Si la extinción se produce, todos los que pudieran suceder al arrendatario salvo los que renuncien a su opción, notificándolo por escrito al arrendador en el plazo del mes siguiente al fallecimiento, quedarán solidariamente obligados al pago de la renta de dichos tres meses".Precep

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