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AP Madrid, Sec. 9.ª, 245/2004, de 22 de abril

SP/SENT/60618

Recurso 743/2002. Ponente: JUAN ANGEL MORENO GARCIA.

Falta de justificación de las obras repercutidas y de aceptación por el arrendatario 
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ANTECEDENTES DE HECHO
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 71 de Madrid, en fecha 22 de abril de 2002, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: Fallo: " Desestimando la demanda formulada por Doña Encarna representada por la Procuradora Doña Miriam Álvarez del Valle Lavesque contra Don Andrés representado por el Procurador Don Juan Torrecilla, debo declarar y declaro no haber lugar al desahucio por falta de pago de cantidades asimiladas. Con expresa condena en costas del demandante".
SEGUNDO.- Notificada la mencionada sentencia y previos los trámites legales oportunos, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, del que se dio traslado a la contraparte quien se opuso al mismo, elevándose posteriormente las actuaciones a esta Superioridad.
TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta alzada, ni estimando la Sala necesaria la celebración de vista pública, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para Deliberación, Votación y Fallo la cual tuvo lugar el día veintiuno de abril del presente año.
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia apelada que deben entenderse completados por los de esta resolución.
SEGUNDO.- Teniendo en cuenta que el contrato que vincula a las partes es de fecha 14 de enero de 1953, el régimen jurídico aplicable al mismo es conforme a la disposición Transitoria Segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, con las especialidades que establece dicha disposición transitoria segunda, disponiéndose a este respecto en la citada disposición transitoria Segunda 10.3. el régimen jurídico para la repercusión al inquilino del importe de las obras de reparación en la vivienda.
La sentencia que es objeto de impugnación desestima la demanda por constar en los autos la oposición del inquilino a la repercusión de las cantidades que pretende reclamarse por obras y no entender temeraria la oposición del mismo, siendo necesario por lo tanto que se declare la procedencia o no del pago de dichas cantidades en un proceso distinto y previo al juicio de desahucio.
TERCERO.- El juicio de desahucio por falta de pago de la renta convenida, regulado en los artículos 1.561 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, era un procedimiento de naturaleza especial y sumaria en el que se ejercitaba por el arrendador la acción recuperatoria de la posesión cedida al inquilino o arrendatario sobre el inmueble objeto d
el negocio jurídico arrendaticio y no la acción personal encaminada a reclamar las rentas vencidas y no satisfechas, lo que impedía que pudiesen ser discutidas en él cuestiones que, por su complejidad, obligasen a una aclaración o puntualización previa y excediesen de aquéllas relativas al título invocado por el actor para obtener la tutela jurídica recuperatoria y a la situación del demandado como incurso en la causa de lanzamiento invocada, est

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