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AP Las Palmas, Sec. 5.ª, 599/2004, de 23 de julio

SP/SENT/61575

Recurso 333/2004. Ponente: JULIO MANRIQUE DE LARA MORALES.

El pago del IGIC no queda claro en cláusula del contrato ni se había pagado anteriormente 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por el Juzgado de Primera Instancia número Tres de Arrecife se dictó Sentencia en los referidos autos, cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "Desestimando la demanda interpuesta por el Procurador Manuela Cabrera de la Cruz en nombre y representación de RODRÍGUEZ SUÁREZ JOYEROS, S.L. contra Angelina (en rebeldía) y Eugenio, absuelvo a los demandados de los pedimentos contra ellos formulados, todo ello con imposición de costas al demandante".
SEGUNDO. Contra la expresada resolución se interpuso, por la mercantil apelante, recurso de apelación con la fundamentación correspondiente, con proposición de prueba, que fue admitido en ambos efectos, por lo que se dio traslado a las demás partes personadas para que pudieran oponerse a él o impugnar la sentencia de instancia, con el resultado que obra en las actuaciones, elevándose los autos a esta Sala, y seguidos los trámites se señaló día y hora para estudio, votación y fallo, quedando los autos pendientes de dictar sentencia.
TERCERO. En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales.
VISTO, siendo ponente el Iltmo. Sr. D. Julio Manrique de Lara Morales, quien expresa el parecer de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Frente a la sentencia que desestimó la demanda rectora en los Autos del Juicio Verbal/desahucio número 524/03, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número Tres de Arrecife, se alza la entidad apelante, actora en la instancia, sosteniendo, por un lado, la vulneración, por inaplicación, del artículo 27.2 a) de la LAU, insistiendo en que la falta de pago del I.G.I.C. por parte del arrendatario, conforme a la norma citada, es causa de resolución del contrato de arrendamiento que vinculaba a las partes litigantes y ello en tanto, a su juicio, éste asumió su pago en virtud de la cláusula quinta de dicho pacto contractual suscrito el 18 de agosto de 1999, siendo que, además, el pago de dicho impuesto es obligación que asume el arrendatario a tenor del artículo 20 de la Ley de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, obligación que éste ha de asumir al desarrollar, en el local objeto de arrendamiento, una actividad comercial y sin que, incluso, pueda oponer que el arrendador no se lo haya reclamado con anterioridad, no procediendo, por ello, y con apoyo en la doctrina jurisprudencial que cita, acudir a un juicio declarativo posterior para resolver tal cuestión. Por otro lado, fundamenta su impugnación a la sentencia de instancia en la existencia de error en la valoración de la prueba, reiterando su alegato relativo al impago de una mensualidad de renta por parte del demandado, lo que fue aclarado en el acto de la vista del juicio al señalar que la misma c
orrespondía al mes de diciembre de 2003, y que, según entiende, en modo alguno, puede provocar indefensión, pues el propio demandado reconoció que debía tal mensualidad, rechazando la alegación vertida de adverso respecto de que los pagos de dichas rentas se verificaban a partir de los días 18 de cada mes, hecho que, a mayor abundamiento, no ha cumplido el demandado en todos los casos, a lo que debe añadirse el que no cabe hablar de indeterminaci

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