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AP Barcelona, Sec. 4.ª, 609/2004, de 2 de noviembre

SP/SENT/64710

Recurso 281/2004. Ponente: MARIA MERCEDES HERNANDEZ RUIZ-OLALDE.

La realización de obras seria inverosímil si el contrato hubiese durado un mes y no hubiese prórroga obligatoria 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando íntegramente la demanda formulada por el Procurador D. Javier Mundet Salaverria, en nombre y representación de la entidad EDIPLA S.A., contra DOÑA Catalina , debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento que ligaba a las partes de fecha 1 de julio de 1985 y referente a la vivienda sita en Barcelona, CALLE000 nº NUM000 principal, condenando a la demandada a dejarlo a disposición de la actora con apercibimiento de lanzamiento si no lo verifica voluntariamente, y con expresa condena a la demandada al pago de las costas procesales causadas ".
SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria se opuso en tiempo y forma ; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial .
TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día 14 de octubre de 2004.
CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a D/Dª. MERCEDES HERNANDEZ RUIZ OLALDE.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Sólo se aceptan los Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada en lo que no se opongan a los stes
PRIMERO.- Toda la controversia giraba en torno a si el contrato que une a los litigantes, documentado en fecha 1 de Julio de 1985, estaba o no sometido a la prórroga obligatoria que contemplaba la Ley de Arrendamientos de 1964 y cuyo carácter obligatorio suprimió el Real Decreto Ley 2/1995 de 30 de Abril. Como bien se apunta en la sentencia recurrida, el .T Supremo se ha pronunciado al respecto, tanto en sus Ss de 4 de Febrero de 1992, como en la de 18 de marzo , expresando ya en la primera "Evidentemente, a partir de la vigencia del Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre Medidas de Política Económica, hay dos clases de arrendamientos urbanos: los anteriores, sujetos a prórroga forzosa, y los posteriores a los que será de aplicación la tácita reconducción del artículo 1566 del Código Civil, a no ser que los contratantes hubieren convenido explícita o implícitamente, el sometimiento al régimen de prórroga forzosa, haciendo uso de la libertad de pacto que preconiza el artículo 1255 del Código Civil, y cuya posibilidad de pacto, como de dijo en sentencia de 12 de mayo de 1989, no se hallaba prohibida por el artículo 9 del referido Real Decreto-Ley, al haberse limitado a suprimir el mero automatismo legal u «ope legis», y sin el previo consentimiento de las partes, del expresado régimen de prórrogas forzosas. Esta posibilidad de pacto, ha hecho aconsejable en la práctica
, para evitar dudas, que en aquellos supuestos en que realmente no se quiera la prórroga forzosa pero se inserten cláusulas sobre revisión de rentas, se exprese con toda claridad que el contrato no está sometido a aquélla, y ello, ante la contingencia de que pudiera estimarse que las meritadas cláusulas estabilizadoras presupongan una tácita voluntad en punto a la continuación indefinida del contrato.Cuarto. Lo que

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